La puesta en marcha de la investigación judicial, bajo la denominación de operación Patos, también afecta al Concello de Ourense, en lo concerniente a la adjudicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, la última realizada se encuentra paralizada por orden judicial después de que una de las empresas denunciase el proceso llevado a cabo. Y aunque la Policía Judicial acudió a las dependencias del área de Medio ambiente, para posteriormente trasladarse a las de Contratación para llevarse diferente documentación, las dudas sobre presuntas irregularidades generan sombras sobre la gestión realizada.
La privatización de la limpieza y mantenimiento de la zonas verdes de la ciudad la puso en marcha en el anterior mandato el ala socialista, a través del edil de Medio Ambiente Demetrio Espinosa, en el gobierno bipartito que compartían con el BNG. Hasta ese momento, los gobiernos populares habían apostado por mantener un servicio municipal que "funcionaba muy bien", como recuerda el exalcalde y exedil de Medio Ambiente, Enrique "Poly" Nóvoa.
Sobre está cuestión aclara que se realizaron contrataciones externas de empresas en períodos concretos, como podía ser el de las podas y desbroces, especialmente en verano, pero "teníamos claro que queríamos seguir con la brigada de parques y jardines". Y la pregunta que se hace, después de todo lo que sucedió es: "¿Donde están los trabajadores de Medio Ambiente?", que como recalca era "de los más valorados por los ciudadanos".
Eficacia y Ahorro
Por su parte, el exedil de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, justificó la privatización, previo desmantelamiento del servicio, del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, en base a tres criterios: "la eficacia, la creación de empleo y el ahorro que supondrá para el Concello". Todo ello antes de que se abriese el procedimiento relativo al concurso de adjudicación.
El proceso contemplaba tres lotes, que englobaba a las zonas de la ciudad con zonas verdes, y que pasaron a gestionar las empresas Cespa y Acciona, y al concluir el período de vigencia, se pusieron de manifiesto deficiencias e irregularidades en el servicio, como plasmaron los técnicos municipales.
La exedil nacionalista de Medio Ambiente, Marta Arribas, cuando llegó a la concejalía se encontró con varios problemas, aunque asegura que "no tuve trato con las empresas".
