La provincia de Ourense registró durante el año pasado un total de 161 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con un promedio de trece por mes, lo que supone un incremento del 17,5% con respecto a 2012, en el que hubo 137, según los datos facilitados por la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia. El portavoz de la CIG, Etelvino Blanco, advierte de que en esta relación solo están contemplados los ERE tramitados por la vía administrativa, por lo que no entran los despidos colectivos que fueron a través del juzgado, correspondientes a las empresas que recurrieron al concurso de acreedores, como fueron los casos de Amencer Reciclado, OCA y T-Solar.
Del conjunto de Expedientes de Regulación de Empleo contabilizados en la provincia en 2013, la peor parte se la llevaron los de extinción, con 15 empresas cerradas, con un incremento del 200% con respecto a 2012, en el que bajaron la persiana definitivamente cinco. En ese mismo período, hubo 62 EREs de suspensión y 84 de reducción de plantilla.
Los sectores más castigados por los ERE de extinción fueron industria, con 8 empresas cerradas, y servicios, con 5.
Etelvino Blanco destaca que 2013 ha sido el peor año desde que se inició la crisis, con 50 empresas afectadas en 2010, 63 en 2011 y 137 en 2012, frente a las 161 de 2013.
Durante el año pasado hubo 1.934 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, que sumados a los despidos realizados por la vía judicial alcanzan la cifra de 2.000. Perdieron su trabajo por EREs de extinción en 2013 un total de 224, lo que supone un incremento de 130,9%.
Por sectores, durante el año pasado perdieron su empleo 64 trabajadores de servicios, con un incremento del 106,5%; y en industria 133, que supone una subida del 129,3%.
Etelvino Blanco destaca que desde que se inició la crisis empeoraron considerablemente todos los indicadores económicos en esta provincia. "Ourense tiene en estos momentos menor tasa de actividad que en años anteriores, mayor tasa de desempleo, menor número de ocupados y menos desempleados que perciben prestaciones, lo que "constituye un dato dramático, porque algunas familias no tienen ningún tipo de ingresos".
