El informe del ingeniero municipal, en relación a la urbanización de la calle en donde construyó su vivienda unifamiliar el actual alcalde, Agustín Fernández, al igual que otras dos personas, considera que no se le debió devolver el aval que debió poner al "no cumplir" el compromiso de urbanización como legalmente le corresponde, ya que finalmente dichas obras se ejecutaron con cargo al Plan - del Gobierno central, con un coste final de 263.793,56 euros incluyendo la baja, licitación y obras a mayores.
Se trata de un informe relacionado con uno de los propietarios de otra vivienda que solicita la licencia de ocupación, así como la devolución del aval pendiente. Para el técnico municipal revela que "resulta más que comprensible la queja del peticionario", debido a que existen los antecedentes en el mismo supuestos en materia de urbanización, al concederse licencia de ocupación y la devolución del aval, como fue el caso de Agustín Fernández, por un importe de 10.633,62 euros, en concepto de fianza necesaria para responder y garantizar las obras de urbanización, además de subrayar que se realizó "con dudas más que razonables al respecto del procedimiento y su argumentación".
Advierte que la petición realizada por el alcalde de la devolución de la fianza incautada cuenta con un informe posterior del servicio de ingeniería municipal en el que "se señala exclusivamente que las obras han sido ejecutadas en su totalidad, pero omitiendo en todo caso que el promotor de las mismas fue el propio ayuntamiento", y no los propietarios.
Para aludir al informe jurídico en el que, además de concretar que "permanecen vigentes las obligaciones" de ejecutar las obras de urbanización, conservación y mantenimiento hasta su recepción por parte del Concello, se revela que "el propietario no cumplió con el compromiso de urbanización simultánea ni costeó la urbanización, como legalmente le corresponde; y el propietario intenta aprovechar unas obras ejecutadas por una administración pública -el Concello con el Plan E- para conseguir cancelar el aval", algo que ya había conseguido el alcalde y otro propietario, por acuerdo de la junta de gobierno.
Ante esta situación, el ingeniero municipal solicitó sendos informes jurídicos tanto sobre la licencia de ocupación como sobre devolución de fianza, y que una vez le fueron remitidos, le llevan a señalar que los propietarios deben hacer frente al pago de la urbanización "en la proporción que le corresponda" a cada uno de ellos.
Para concluir, el ingeniero municipal que a su entender debe dársele traslado de los expedientes al órgano fiscalizador correspondiente -la intervención- para los efectos oportuno, lo que llevaría consigo que se fijasen las cantidades que deberían aportar cada uno de los propietario. Eso supondría que las liquidaciones estaría entorno a los 27.800 euros, en el caso del alcalde, y en el del otro propietario entorno a los 19.000 euros, al tener en cuenta la superficie a urbanizar que les corresponde.
