Varios días llevaba la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, a la expectativa. Había recabado expedientes de devolución de avales para preparar, con argumentos, la respuesta a la denuncia del PP sobre las obras de urbanización de la calle del alcalde. La edil aludió a los antecedentes del pasado en los que, asegura, tampoco se cargó el coste de obras a los particulares, llegando a nombrar a algún funcionario responsable de los informes.
El trabajador municipal autor del favorable a la devolución del aval al alcalde fue un técnico de administración general de Urbanismo que comparte imputación con la concejala por la concesión de la licencia a la residencia ilegal del campus universitario.
Las suspicacias entre determinados funcionarios y la labor del personal "afín" al gobierno, incluidos los contratados externos que supuestamente realizan informes "ad hoc", según la oposición, se puso de relieve ayer en palabras de la edil Áurea Soto. La integrante del gobierno ha remitido un documento al interventor municipal, el fiscalizador que tendrá que decidir si el alcalde tiene que pagar por el coste proporcional de la urbanización de la calle. Soto tira de ironía y felicita al funcionario, que ha sido testigo y ha manifestado irregularidades y reparos en varias investigaciones judiciales como la de la calle Bedoya o las asistencias técnicas, y deberá resolver si el alcalde debe pagar su coste proporcional, unos 28.000 euros. La concejal envió un escrito felicitándolo por atender a lo que cree "una iniciativa novedosa".
