Salvo los certificados de nacimiento o de defunción, avanza los sindicatos, la temida privatización de los registros civiles obligará al ciudadano a costear los trámites de uso común, como la incoación del expediente de un matrimonio -ya existe tasa para un enlace en un ayuntamiento-, las fe de vida, los certificados para cobrar pensiones o la petición de nacionalidad. El primer colectivo que lo advirtió, hace varios meses, fue la central UGT. Entonces el Gobierno lo negó.
Comisiones Obreras asegura disponer ahora de "información no oficial pero de fuente totalmente fiable" que ratifica la inminencia del proyecto. La reforma planeada por el ministro Gallardón, otro cambio controvertido como lo fue la implantación de la ley de tasas, congregó ayer en Ourense a medio centenar de personas entre funcionarios, representantes sindicales de la junta de personal y también algún abogado y fiscal, que protestaron contra la privatización de las oficinas y pidieron la dimisión del ministro a las puertas del edificio de juzgados de la capital. "Xustiza pública e de calidade", añadieron.
La privatización de las oficinas civiles entregará la gestión a los registradores de la propiedad. Los sindicatos temen que, además de la destrucción de puestos de trabajo, se pongan en riesgo los juzgados de paz, que ocupan a unos 80 ourensanos.
