Cierta incredulidad provocó que la juez Pilar de Lara, instructora de la mayor causa contra la corrupción en Galicia, decretara la entrada y registro en las propiedades de Francisco Rodríguez, y su pareja, ocho meses más tarde de ordenar el arresto del exregidor. Aduanas inspeccionó en mayo de 2013 su dos pisos contiguos, su coche, su trastero... No lo hizo el 20 de septiembre de 2012, el día de una detención traumática para la gobernabilidad de Ourense y que condujo al exregidor a 52 horas de incomunicación en los calabozos.
La magistrada explica en el auto que encarga los registros que "en tales momentos se desconocían datos que no solo permiten la imputación de Francisco Rodríguez como autor de un delito de blanqueo de capitales, sino que también permite la imputación de su compañera sentimental de la que anteriormente no se sospechaba su participación delictiva". También asume que "el transcurso del tiempo ha podido poner sobre alerta a los investigados, que podrían haberse deshecho de documentación y efectos comprometedores".
Cuando los funcionarios de Aduanas se presentaron a las 7.40 de la mañana del 15 de mayo en la vivienda del exregidor, este ya lo presuponía. Francisco Rodríguez admitió en su interrogatorio posterior, el de junio de 2013, casi un mes más tarde, que "puede que alguien me dijera: oye, que te andan en esto". La magistrada afinaba las averiguaciones por un amplio abanico de presuntos delitos. El exregidor, que en septiembre de 2012 tuvo que abonar fianza para eludir la cárcel -a la postre las medidas cautelares se utilizaron en el PSOE como criba para exigir dimisiones de sus cargos arrestados- aparece, a ojos de la magistrada, como posible responsable de delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, violación de secretos, prevaricación y blanqueo de capitales.
La entrada en el domicilio del exalcalde y su compañera sentimental -titulares a partes iguales de dos viviendas contiguas en la calle Xesús Pousa, en el barrio de A Ponte- pretendía "obtener datos suficientes para encontrar efectos relacionados con los delitos investigados". La juez encomendó a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, con la secretaria judicial dando fe pública, que recabaran "documentos, contratos, documentación municipal, anotaciones, agendas, teléfonos, dinero, facturas, boletines, equipos o soportes informáticos, resguardos bancarios, escrituras, facturas y recibos".
Pero las instrucciones de la juez de Lara también encargaban requisar, "dinero, joyas, relojes y otros efectos (plumas , gemelos) que puedan proceder de un delito de cohecho", que la instructora asocia a la supuesta contraprestación de empresas como el grupo empresarial Vendex, uno de los vértices de la investigación, y que presuntamente agasajaron con varios relojes de lujo y efectivo al exregidor; dádivas que Rodríguez y pareja negaron por completo haber recibido.
