La Fiscalía procedió a la apertura de diligencias penales relacionadas con las obras de urbanización de la calle Clara Corral Aller, donde tiene su vivienda unifamiliar el alcalde, Agustín Fernández, así como la devolución del aval que había puesto como garantía para la ejecución de las mismas, y que finalmente realizó el Concello con cargo al Plan - del Estado. Un decisión que se produce después de la denuncia que presentó el pasado día 20 el grupo municipal del Partido Popular, en la que se señala que se podrían haber cometido los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
La confirmación de la apertura de diligencias penales, de la que tuvo conocimiento FARO coincide con la entrega, en la mañana de ayer, del propio alcalde en la Fiscalía de toda la documentación, además de proclamar que "me pongo a disposición de la Justicia para que realice la investigación oportuna y aclarar todo".
Se trata de todos los expedientes que planteaban los populares como pruebas para investigar la posible comisión del delito, tanto de la concesión de licencia para su vivienda unifamiliar, el expediente de urbanización de las obras, a coste del Plan E, y todo lo relativo al aval de 10.633 euros que finalmente le devolvieron a Agustín Fernández, que en esos momentos era el concejal de Hacienda en el gobierno bipartito (PSOE y BNG) y miembro de la Junta de Gobierno Local.
Ante el rumbo de los acontecimientos, sobre todo en el ámbito judicial, el alcalde compareció ayer para hablar de una "conspiración que va más allá de la política", y que tendría como único objetivo de "aniquilar al alcalde con intereses espurios, oscuros y particulares", así como al actual gobierno socialista.
En la línea de defensa que esgrimió desde que se conoció el caso, Agustín Fernández dice sentirse "un vecino más", y que se trata de una "cuestión administrativa. Para recalcar que durante 20 años estuvo pagando para garantizar la urbanización que no se pudo hacer, y que toda la tramitación realidad es "legal", un cuestión que será objeto de la investigación de la Fiscalía.
Devolución del dinero
Tiene claro el alcalde que lo que se discute en estos momentos es una cuestión administrativa, y que "soportare cualquier decisión de los técnicos municipales", en alusión al informe de fiscalización que realizó la Intervención, en la que se concreta que debe pagar 27.966 euros, que es lo que le correspondería como propietario de una de las viviendas, y el resto asumirlo los otros dos propietarios.
Sobre esa cuestión, Agustín Fernández señaló que "si lo tengo que pagar, lo pagare", y advertir que desconoce que se le reclame esa cantidad económica, y eso que el informe de la Intervención, de fecha 25 de marzo, el martes, fue remitido a la Concejalía de Urbanismo, para que inicie una actuación administrativa para "la recuperación de os recursos públicos", en este caso el dinero por la urbanización de la calle.
También aclaró el alcalde que "habrá que devolver el dinero al Estado", debido a que las obras de urbanización era uno de los proyectos que se cargaron al Plan E. Sobre su participación como miembro de la Junta de Gobierno Loca, Agustín Fernández señala que "me parece ridículo tener que abstenerme en el proyecto de urbanización de mi calle", aunque se ausentó en el momento que se aprobó la devolución de su aval, por considerar que era dos cuestiones diferentes.
Otra de las cuestiones que señaló para justificar su actuación, es que existen casos idénticos al suyo, "y no se hizo nada, pero se hace ahora con el alcalde", además de destacar que en los últimos siete años, desde la llegada al gobierno de los socialistas, tanto compartiendo con el BNG, como ahora en solitario, "ningún vecino tuvo que pagar la urbanización de su calle"
Y que ahora, "gracias a la denuncia del PP, tres vecinos las tendremos que pagar", mostrando su malestar por la filtración de documentos. La advertencia, en clave de amenaza fue directa: "me reservo todas las acciones legales en defensa de mi honor y prestigio". Respecto a los funcionarios, sin citar a nadie en concreto, recordó que tienen el "deber de guardia y custodia" de los documentos, por lo que de no ser así "sería una infracción muy grave. Es por eso que en el expediente que le afecta directamente anuncia que "ejercitaré las acciones legales que considere oportunas".
