El reciente auto de imputación del titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, Antonio Piña, relacionado con la adjudicación "a dedo" de la obra de la calle Bedoya en 2008, ha colocado en posiciones irreconciliables a los que en su momento gobernaron el Concello de Ourense formando un bipartito: PSOE y BNG.
Así, después de ratificar su postura contraria a prestar su apoyo a una moción de censura contra el actual alcalde, Agustín Fernández, y su gobierno socialista -como reiteró ayer el portavoz nacional, Xavier Vence-, el BNG sostiene que la única salida a la "situación de esperpento" que se está viviendo en Ourense, no es otra que la convocatoria de elecciones anticipadas. Así lo puso de manifiesto el portavoz nacionalista local, Xosé Somoza, que además reclamó a la cúpula socialista gallega que acabe con la "ingobernabilidad" en la que se instalaron, debido a la división que existe en el seno del grupo socialista, y la señala como responsable de la "destrucción" que sufre el Concello.
Sostiene Somoza que es al PSOE a quien le toca mover pieza después de las nuevas imputaciones, que afectan a ediles en activo, de todos los que formaban en su momento parte de la junta de gobierno local que tomó la controvertida decisión. Es el caso del alcalde, Agustín Fernández, y sus dos tenientes de alcaldes, Marga Martín y Áurea Soto, inmersas además en otros procedimientos judiciales en marcha y en calidad de imputadas. Para el portavoz nacionalistas, el planteamiento es claro: en el caso de que se produzcan imputaciones judiciales, esas personas -los ediles afectados- deben presentar su dimisión", como así hicieron en su momento cargos nacionalistas en el Concello de Ourense.
De ahí que el portavoz nacional, Xavier Vence, respaldase ayer la decisión del Consello Local del BNG, tanto en lo que se refiere a la petición de dimisión del alcalde como de las dos tenientes de alcalde, así como la petición, antes de que finalice el plazo, de que se proceda a la convocatoria de elecciones anticipadas. Vence entiende que de esa forma "la ciudadanía puede tomar decisiones" en función de todo lo que acontece en el Concello, sobre todo la serie de problemas que afronta el gobierno municipal, en clara referencia a su división, pero sobre todo a las imputaciones judiciales de varios de sus miembros.
Sin dimisiones
Fue el portavoz del grupo municipal socialista y del gobierno, José Ángel Vázquez Barquero, el encargado de anunciar , después de calificar de "sorprendente" la posición de los nacionalistas, que de dimisiones nada por entender que "no es la salida más adecuada en estos momentos," y por no ser "coherente".
Barquero justificó la postura del gobierno local, que oficialmente es compartida por todos, aunque ante el cariz que están tomando las cosas, por parte de los ediles críticos se advierte del "grave daño" al partido", en que la imputación judicial "no implica ningún tipo de cuestionamiento criminal". Para relegar la transcendencia que puede tener una imputación judicial a que "esas personas -los ediles socialistas- vayan a declarar acompañados de abogado".
Vázquez Barquero también hizo su propia interpretación del auto del juez Antonio Piña, en el sentido de que "en ningún momento cuestiona la honorabilidad" de las personas que aparecen como imputadas. Lo que le lleva a concluir que "no proceden las dimisiones".
Dicho esto, el portavoz socialista no desaprovechó la ocasión para trasladar todas las responsabilidades a los nacionalistas en el ya conocido como "caso calle Bedoya". Así, recuerda que se trata de un proyecto que se había desarrollado desde la entonces Tenencia de Alcaldía, creada bajo el amparo del bipartito por el que fuera teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal. Esto lleva a Barquero a reforzar su "sorpresa" por la petición que hacen de dimisiones, ya que los ediles socialistas imputados "son personas que responden solidariamente" como miembros de la junta de gobierno local.
No fue lo único que quiso justificar Vázquez Barquero. Sobre las imputaciones judiciales, relacionadas con una presunta prevaricación, las relativizó y pasó a convertirlas en un mero "error administrativo", debido a que "no hay intención de cometer un delito con la aprobación de la obra".
