El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Baltar, no quiere verse salpicado por escándalos como el que afecta al Concello de Ourense desde que se puso en marcha la operación Pokemon y ha decidido redactar una normativa ética para poner cerco a las conductas impropias.
Ni Rolex ni gin tonic a cuenta de fondos públicos. El responsable de la institución provincial pretende regular los regalos institucionales y la gestión de las aportaciones destinadas a los grupos políticos a través de un código ético que mejore la imagen de la institución y que, de paso, la sitúe en la "vanguardia nacional" en términos de buena conducta. De hecho, afirma que la de Ourense será la primera diputación gallega que contará con una normativa de este tipo. Y no regulará solo la conducta de los cargos electos, sino también la del personal al servicio de la administración provincial.
Ayer presentó su iniciativa a los portavoces de los tres grupos, PP, PSOE y BNG, en la junta previa al pleno que se celebrará el próximo viernes y en el que se someterá a debate esta propuesta redactada en formato de moción. La mayoría absoluta de la que goza en el pleno dará luz verde a su idea pero Baltar Blanco espera contar con el respaldo unánime de la corporación. La oposición se ha reservado el voto hasta el viernes pero ya ha avanzado críticas en relación a al hecho de que Baltar quiera dar ejemplo de moralidad política mientras mantiene en su grupo a tres alcaldes imputados en investigaciones judiciales vinculadas con corrupción urbanística, prevaricación y revelación de secretos. Precisamente, el regidor de O Carballiño, Argimiro Marnotes, es uno de los imputados en la operación Pokemon que instruye la juez De Lara. Según figura en el sumario habría recibido jamones como regalo y él mismo reconoció que Vendex ajardinó su casa y que no pagó el servicio.
Lo que Baltar propone es que sea la comisión informativa de Patrimonio, Goberno e Réxime Interior la que redacte el código ético y que el documento resultante se presente al pleno en el plazo de dos meses para su debate y aprobación.
Baltar Blanco sostiene que el "deterioro de la calidad democrática" en las instituciones locales y en la propia vida municipal ha generado desconfianza en los ciudadanos que miran con lupa cualquier conducta que no encaje en los "márgenes razonables". Por eso cree que es necesario que los políticos "redoblemos esfuerzos" para restablecer la situación y "apuntalar" los valores públicos y la actitud moral de los cargos locales.
También aclara que el código ético no servirá de "herramienta de control político o descalificación recíproca", sino que pretende servir de guía que políticos y funcionarios deberían "interiorizar" para mejorar la imagen institucional de las entidades locales y reforzar la confianza de los ciudadanos.
