El alcalde de Ourense, Agustín Fernández (PSdeG), aupado al poder en octubre de 2012 por el arresto e implicación en la Pokemon de su predecesor, Francisco Rodríguez, se suma a la lista de regidores gallegos de PP y PSOE bajo el cerco de los jueces. Son tres los mandatarios de grandes ciudades -Ángel Currás en Santiago, López Orozco en Lugo, y el propio Fernández en Ourense- con el rótulo de imputados. El ourensano se ve arrastrado a la investigación de Antonio Piña, titular del juzgado Número Dos de Ourense, sobre una reforma adjudicada sin concurso público en 2008, por el trámite de urgencia y sin publicidad, por importe de 593.000 euros.
El juez formalizó ayer un llamamiento en bloque. Comunicó un auto citando a finales de mes como imputados a 9 políticos (cinco del PSOE y cuatro exmiembros del BNG) que, en el primer bipartito, asistieron a la junta local que adjudicó la reforma. También tendrán que comparecer los tres empresarios que concurrieron al proceso -todas ofertas vinculadas a la adjudicataria, OCA- y el asesor jurídico jefe del Concello. El magistrado ve indicios de prevaricación de la junta si descartar que la causa lleve a otros. También investiga posible fraude y exacciones ilegales y concertación de alteración del precio en concurso.
Solo tres ediles siguen en activo pero conforman el núcleo duro del débil ejecutivo de As Burgas -con minoría en el pleno, incapaz de aprobar un presupuesto desde hace 33 meses y sumido en una fractura del grupo entre dos familias irreconciliables-. Son el alcalde Agustín Fernández, que entonces era edil de Hacienda, la concejala de Urbanismo Áurea Soto y la responsable de Benestar Social, Marga Martín. Ambas, tenientes de alcalde en el ejecutivo, ya se encontraban imputadas en otros procedimientos. Martín está a un solo paso del banquillo en la investigación que el mismo magistrado realiza sobre un supuesto desfalco en el servicio privatizado de ayuda a domicilio. En octubre ya le atribuyó supuesta estafa y malversación. Áurea Soto, la ideóloga del nuevo PXOM en fase de estudio de alegaciones, aparece como imputada o denunciada en cinco causas.
También pasarán por el juzgado el exregidor Francisco Rodríguez, presidente de la junta, e investigado en la causa Pokemon por supuestos cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo. El magistrado Piña, que en una de las primeras diligencias del caso requirió el nombre de todos los asistentes a la sesión, cita, además, al exconcejal de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, y a los excargos del BNG Alexandre Sánchez Vidal, Isabel Pérez, Marta Arribas y Andrés García Mata. Serán interrogados, por tanto, los tres tenientes de alcalde nacionalista que se sucedieron al frente de la parcela de gobierno del BNG, entre los años 2007 y 2011. Vidal y Mata dimitieron por el caso de los paneles, que acabó en absolución.
Directivo en la lista del PSOE
La implicación en bloque de la junta de gobierno de 2008 provocará un desfile de imputados entre final de marzo y principios de abril. La causa empezó a investigarse por una denuncia presentada cinco años después por Democracia Ourensana, promotora de otras varias como la del servicio de ayuda a domicilio.
O, que ayer anunció que impulsará una moción de censura y aún no ha formalizado su personación como parte en la investigación de la calle Bedoya, aludía en su denuncia inicial a la ley 30/2007, que reserva para un "motivo imprevisible", como una catástrofe natural, el trámite que supuestamente escogido. El partido vio indicios de prevaricación, soborno y tráfico de influencias, puesto que un directivo de la adjudicataria OCA, la segunda constructora de Ourense en volumen de negocio, inmersa en la fase final de un concurso de acreedores, ocupó el número 14 de la lista del PSOE en 2011.
El juez empezó a desentrañar la causa con la declaración como testigos del jefe del Servicio de Ingeniería, de la Jefa de Negociado y de funcionarios de la Concejalía de Infraestructuras, así como del oficial mayor y el interventor municipal. Los primeros interrogatorios en calidad de imputados tocaron al jefe de servicio de Infraestructuras y al exconcejal del BNG, Andrés García Mata En el auto notificado ayer, Piña atribuye un nuevo delito al nacionalista y al asesor jurídico jefe del ayuntamiento y responsable de Contratación, Luis Tros. Los dos, integrantes de la mesa de estudio de ofertas que resolvió en diez minutos, son investigados por un posible delito de fraude y exacciones ilegales. Su interrogatorio está fijado para el próximo 2 de abril.
Tres ofertas en 5 minutos
Si bien el procedimiento negociado era posible para obras de menos de 1 millón de euros, el importe elegido para la reforma de la céntrica calle Bedoya de Ourense, 623.000 de base de licitación, hacía "inadmisible" canalizarlo por un proceso sin publicidad, porque "limitaba la concurrencia de empresas y permitía a través del cauce de la invitación llamar al procedimiento de licitación en forma exclusiva a aquellas empresas que se estimasen adecuadas". Presuntamente, Mata realizó la invitación a tres empresas. Dos de ellas, la adjudicataria OCA y su filial Betunes y Firmes, subcontratista de la matriz, "compartían participación empresarial e incluso administradores". La tercera, Opain S.L, "completaba terna con frecuencia con las dos anteriores" en otros procedimiento negociados. Las tres empresas presentaron sus propuestas con margen de 5 minutos. Piña ve indicios de una posible "concertación entre las mismas" para la obra de 2008. Los representantes legales de las mercantiles abrirán el turno de nuevos interrogatorios el próximo 24 de marzo.
La adjudicación se rebajó en apenas 30.000 euros, un 4,85 %, con respecto a la base de licitación, al no abrirse a la concurrencia pública de empresas y, por tanto, restringirse la competencia de precios. "No se encuentra amparo legal alguno para considerar admisible la supresión del requisito de la publicidad", dice el juez. Tampoco lo justificaba la declaración de urgencia que indicaba el pliego, en sintonía con el argumento esgrimido por el gobierno de no perder una subvención. En el expediente, señala el magistrado, no existe una declaración expresa y motivada" de tal premura.
Expediente sin informes
Antes de la redacción del pliego, según la investigación, hubo una reunión en la que el asesor jurídico jefe, Luis Tros, y el interventor, Gonzalo Alonso, aseguran que advirtieron al exedil de Obras, Andrés García Mata, "la ilegalidad del procedimiento que pretendía acoger al entender que el supuesto interés público en evitar la pérdida de una subvención no encontraba acomodo legal al imputarse el retraso a actos propios del propio órgano contratador". Tros redactó el pliego por indicaciones de Mata, según el interrogatorio del primero. El nacionalista, cuya defensa ha pedido el sobreseimiento, niega que hubiera esa advertencia así como que diera instrucciones. En el expediente no había informes jurídicos ni de intervención. Así se derivó a la junta del 6 de septiembre de 2008 que adjudicó la discutida obra de Bedoya.
El bloque de políticos -con Francisco Rodríguez, de primero- acudirán a declarar con abogado al Pazo de Xustiza entre los días 26 y 28 de marzo porque, según el magistrado, "al recaer el acto resolutorio en la junta de gobierno concurren indicios racionales de criminalidad contra los integrantes de la misma al aprobar una resolución que vulneraba la legalidad pudiendo resultar, en su caso, responsables de un delito de prevaricación".
