"Esta vez la denuncia es mía; y además es cierta". El alcalde, Agustín Fernández, decidió pasar al ataque y, con el argumento de que al ser conocedor de un "caso de corrupción" en el ámbito de la vida pública tiene obligación de acudir a la justicia, es por ello que formalizó ayer una querella ante la Fiscalía por lo que considera un "hecho gravísimo": presuntos delitos de falsedad en documento público y suplantación de un vecino, en relación al conflicto suscitado con las obras de urbanización de la calle donde tiene su residencia.
Y señaló directamente al grupo del Partido Popular y, en concreto, a su portavoz, Rosendo Fernández, de una supuesta "colaboración o instigación" en todo el asunto, aunque de inmediato dejaba claro que "no acuso directamente, debido a que no tengo pruebas"; pero tiene claro que se trata de una "nueva trama para derribar a un alcalde y al gobierno", dentro de esa política de "acoso y derribo" que, dice, se puso en marcha.
Entre los documento aportados por el alcalde, y que forman parte esencial de la denuncia ante la Fiscalía, destaca el escrito, de abril de 2011, de un vecino de la calle que solicitaba la devolución del aval para hacer frente a la urbanización, que finalmente se realizó con fondos estatales del Plan - -de algo más de 263.000 euros-, después de que le fuese concedida al propio Agustín Fernández y a otro propietario.
El mencionado residente, en una comparecencia que tuvo lugar el pasado martes, 8 de abril, en la Concejalía de Urbanismo, y en la que estuvieron presentes su responsable, Áurea Soto, técnicos, jurídicos y personal del servicio municipal, negaba que presentase el mencionado escrito y que la firma que aparecía no era la suya. Así como el argumento del "principio de igual", en relación a los otros dos casos en que se procedió a la devolución del aval para la urbanización.
Una cuestión que para el alcalde se instrumentalizó para "reactivar mi expediente", ya que el documento que supuestamente habría presentado el vecino se convierte en elemento clave para "reabrir mi expediente", debido a que dos años después, un técnico municipal solicita ese expediente, y es cuando se "filtran" datos que para Agustín Fernández tenían como objetivo "desprestigiarme personal, política y profesionalmente".
Además de derivar en un informe de fiscalización por parte de la Intervención municipal que es concluyente, en el sentido de que se debe reclamar al actual regidor entorno a 28.000 euros, cantidad que le correspondería para la urbanización de la calle, así como a los otros dos propietarios, a uno de los cuales se le negó la devolución del aval, como así lo había solicitado.
Ante estos hechos, la petición pública que realizó ayer el alcalde fue de lo más concreta: "que el fiscal y los tribunales investiguen hasta sus últimas consecuencias", sobre todo para conocer los autores de los presuntos delitos que denuncia, así como "los colaboradores e instigadores" del mismo.
Otra de las cuestiones sobre las que se pronunció Agustín Fernández es la relacionada con el sello de registro de entrada del escrito del vecino en cuestión, y que sostiene que "es falso", en abril de 2011, y que llevaría a que desde ese mismo momento se estuviese preparando lo que sostiene es "una conspiración" contra él. También reconoce que, según la información de la que dispone, no se identificó a la persona que presentó el escrito, y que será objeto de la investigación que reclama lleve a cabo la Fiscalía.
En cuanto a su caso particular, y especialmente la que califica de "misteriosa resolución administrativa" del órgano fiscalizado, la Intervención municipal, que cuestiona se "realice ahora y no antes", cuando se acordó la devolución del aval, el alcalde anunció que "en ningún caso presentaré alegación alguna en el ámbito administrativo municipal", por lo que acatará la resolución, que en estos momentos pasa por abonar los casi 28.000 euros.
Pero, eso sí, además de sentenciar que "no recurriré y pagare", proclama su intención de acudir por la vía Contencioso-Administrativo los costes de la urbanización de la calle donde tiene su vivienda unifamiliar, esgrimiendo que "en los últimos años nadie la pago", como había reiterado en anteriores ocasiones.
Es otra de las cuestiones que también es objeto de investigación por parte de la Fiscalía, que ya cuenta con los expedientes relacionados con el asunto.
