En una de las tres causas penales en trámite contra la concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, el juez de Instrucción Número Uno de Ourense -el mismo investigador de todos los procesos- examinará una abundante relación de facturas que acreditan el vínculo con el departamento de la edil, en labores de asesoría y de defensa jurídicas, de un abogado externo, con despacho en A Coruña, que en 2007 redactó el informe de cobertura jurídica para la concesión de licencia de legalización de la Plaza San Antonio. La documentación recopilada por el Concello de Ourense a solicitud del magistrado eleva a más de 146.000 euros el volumen de facturación que el bufete empezó a acumular a partir del año siguiente, desde el primer bipartito local. Adjunta a esta información, figura el esquema y la cronología de pagos, con cargo a las arcas públicas, sellado por el ayuntamiento y remitido al juez.
En el informe que Áurea Soto encargó al profesional con un coste según factura de 4.872 euros -se abonaron 4.242 tras el descuento de IRPF-, el letrado ajeno a la abogacía municipal catalogó como titularidad privada el subsuelo de la céntrica urbanización de las calles Buenos Aires, Bedoya y Valle Inclán -gestionado por un aparcamiento-, pese al criterio en contra del TSXG en fallos firmes. La justicia determinó el dominio público del subterráneo y que toda explotación privada, como la del garaje de pago, debería someterse a concesión.
Áurea Soto permanece como imputada -declaró en abril- en una causa que puso en manos de la justicia Democracia Ourensana. Tras renunciar a continuar como acusación, este rol lo desempeña la hija de un promotor urbanístico en liza habitual con el gobierno. Además de la concesión de licencias, el juez investiga cómo se manejaron los fondos públicos en la indemnización a una propietaria que, tal y como ella misma declaró, accedió a retirar un pleito contra la licencia tras percibir en un cheque 358.000 euros, y sin que ningún técnico municipal fuera a valorar su piso de 32 años. La acusación mantiene que la edil de Urbanismo ordenó abonar a la propietaria el coste de una vivienda nueva a cambio de retirar el recurso. El pleito mantuvo, durante años, la amenaza de derribo de la urbanización.
Hasta la fecha recopilada por orden judicial -las datas de pago van desde noviembre de 2008 a diciembre pasado- , el despacho del autor del informe de la Plaza San Antonio recibió dos contratos de servicios para asistencia jurídica por un periodo de un año, con sus respectivas prórrogas por otro ejercicio adicional: desde mayo de 2008 hasta mayo de 2010 (por 30.000 euros durante 12 meses), y desde mayo de 2012 hasta el próximo mayo (32.435 euros). Las notas de pago reflejan un abono estable de 2.176,73 euros al mes con el primer contrato de servicios. Con el segundo, todavía vigente, crecen a 2.532 hasta la subida impositiva del IRPF, que redujo la cifra a 2.340 euros.
En la propuesta de adjudicación del primer contrato, la concejala apeló al volumen de trabajo de su departamento como imposibilidad para "abordar con medios propios" la tarea de planificación del PXOM. En el segundo expediente, que además comprende tanto la asistencia jurídica como la actuación en juicio, el motivo fue el caudal de reclamaciones administrativas y judiciales por la anulación del marco urbanístico de 2003.
Los dos contratos de asistencias jurídicas se resolvieron en procedimientos negociado y sin publicidad. En ambos casos se invitó a participar en el expediente a tres despachos. Pero a mayores, una vez concluido el primer contrato de asistencia, el bufete coruñés recibió encargos en la defensa del Concello de Ourense, mediante adjudicación directa, para la representación judicial en materia urbanística. Facturó 20.355 en facturas sucesivas en el año 2011, y 31.607 en 2012.
El abogado, convertido de ese modo en el asesor predilecto en materia de urbanismo de la edil socialista, fue además el primer profesional que defendió al exalcalde en las primeras horas después de su detención en septiembre de 2012, en la eclosión de la Pokémon. Además, es el profesional que realizó el recurso del PSOE contra el PXOM de 2003.
La edil Áurea Soto, que acumula dos imputaciones en dos causas distintas y además ha sido denunciada junto al alcalde y a la directora xeral de Personal y secretaria local del PSOE por la generalización de contratos externos que abren la puerta de la plantilla a persona ajeno, rechazó recientemente frenar las asistencias. A pesar de que el propio regidor, Agustín Fernández, hizo público en el pleno de agosto que había dado orden de frenarlas a todas las concejalías.
