Los afectados denuncian las condiciones abusivas en el modelo de alquiler social y piden al Gobierno Gallego que fiscalice a Galivivienda por falta de transparencia. Piden que se mantengan las condiciones iniciales que faciliten realmente vivienda social. Mantienen que pagar mil euros al mes se aleja del propósito inicial. Ante esta problemática, el Grupo Galego de Vivenda Colaborativa ha criticado el nuevo modelo de alquiler social y señalan que al frente del proyecto se encuentra una gestora de cooperativas movida por un interés lucrativo. De hecho, recalcan que no está claro hasta qué punto los cooperativistas son partícipes del proyecto, al no poder tomar de forma directa las decisiones. Además, Galivivienda es originaria de Madrid. Es decir, los gestores no van a residir en Xuxán y no van a formar parte de esa comunidad.
Mientras, la Xunta y el Gobierno Central se pasan la pelota. La delegada del Ejecutivo autonómico en la provincia, Belén do Campo, considera insólito que el Ministerio intente desvincular al Instituto de Crédito Oficial del problema de la subida de las cuotas. Defiende que la Xunta hizo su trabajo, poner suelo para viviendas. Por su parte, el Ministerio de Vivienda remitía una carta a la Consellería en las últimas horas en la que ve incomprensible la postura de la Xunta. Recuerda que le han otorgado a la promoción una subvención de 10 millones de euros. Hay más de doscientas familias afectadas.
