El grupo municipal de Unidas por Mérida ha acusado al Consorcio de la Ciudad Monumental de "mentir" en su argumentación sobre la rehabilitación del convento de las concepcionistas, con el fin de "justificar el dictamen de una resolución" que considerar "irregular". Según esta formación, dicha resolución es "contraria a la normativa" que regula el planeamiento urbanístico y la conservación del patrimonio arqueológico en la ciudad.
Para Unidas por Mérida, la respuesta del Consorcio "no aborda en profundidad" la problemática planteada, que se sustenta en la autorización de un régimen de intervenciones arqueológicas en las obras de rehabilitación del Convento de las Concepcionistas "en contra de la normativa vigente".
De hecho, consideran su respuesta "más como una confesión tácita de los incumplimientos" denunciados que como una "réplica solvente a las tesis defendidas" por este grupo municipal, indican en una nota de prensa.
Así, y "frente a la evidencia de estos hechos", los responsables del Consorcio adoptan una "actitud defensiva rozando incluso el ridículo" en las consideraciones que exponen en respuesta, en la que "llegan a comparar la obra de las características y envergadura del convento de las concepcionistas, una de las áreas arqueológicas más importantes de la ciudad", con la "reforma de un cuarto de baño".
Asimismo, ahondan en "acusaciones sectarias" hacia Unidas por Mérida al señalar que "quieren paralizar la ciudad", cuando, asegura desde la formación, lo "único" que pretenden es "llamar la atención" sobre una actuación que consideran "irregular y pone en peligro el patrimonio arqueológico de la ciudad, declarado patrimonio cultural de la humanidad".
Unidas por Mérida explica que la parcela del convento de las concepcionistas, además de su iglesia y restos de dependencias del convento, se encuentra edificado sobre la presunta ubicación del foro provincial romano de la antigua Emérita Augusta.
Por este motivo, las obras de rehabilitación suponen una excelente oportunidad para mejorar y ampliar" el conocimiento sobre el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, que es "una de las principales prioridades del consorcio de la ciudad monumental", subraya.
EXCAVAR EN TODA LA PARCELA
Así, en la solicitud dirigida a la Consejería de Cultura, el artículo 9.17 del plan de protección especial, en su apartado b.1 establece expresamente: "previamente al inicio de cualquier parte de las obras que supongan remoción en la superficie o en el subsuelo deberá realizarse una excavación arqueológica que abarcará la totalidad de la parcela. La excavación se realizará sin sondeos previos con medios mecánicos".
Por el contrario, la autorización dictada por el Consorcio, limita la intervención a "la zona de remoción del subsuelo". Por tanto, la actuación autorizada por el Consorcio "no solo es contraria a la normativa, sino que implica para el contratista al que se le adjudique la obra intervenciones arqueológicas parciales y limitadas, que forzosamente se traducirán en un resultado que se adecua al interés científico de los restos ubicados bajo el convento de las concepcionistas".
Así, para esta formación es "indudable" que la excavación integral de los restos arqueológicos del foro provincial romano que pudieran encontrarse bajo la parcela del convento resulta "mucho más relevante que la rehabilitación de ese mismo espacio como plaza pública, más aún cuando ambos fines resultan absolutamente compatibles".
En estos términos, la formación recuerda a los responsables del consorcio que el contenido del plan de protección especial es de "obligado cumplimiento", y que por tanto "no puede estar sujeto a debates subjetivos o a criterios de oportunidad".
INDIGNACIÓN
Los argumentos expuestos por el propio Consorcio según el cual la realización de las intervenciones exigidas por la normativa resultan "inviables", provocan una "indignación difícil de describir", si se tiene en cuenta que el propio Consorcio es el "órgano competente para garantizar su cumplimiento de la normativa que viene a menospreciar".
En su opinión, la actitud mostrada por los gestores de esta entidad "viene a explicar algunas de las intervenciones protagonizadas por el Consorcio en los últimos tiempos", apuntan.
Por último, señalan que la competencia del Consorcio de la Ciudad Monumental no es "determinar la viabilidad de los proyectos, sino vigilar el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio en todos aquellos proyectos en los que se aplican las normas urbanísticas vigentes en Mérida".
Desde Unidas por Mérida no alcanzan a comprender los argumentos de inviabilidad expuestos por el consorcio, cuando se trata de la realización de un proyecto integral de rehabilitación en una obra promovida por una administración pública, y que por tanto, proporciona "un margen de actuación mucho más amplio que en aquellas actuaciones cuyos promotores son empresas privadas", que en Mérida "siempre hacen el esfuerzo para adoptar todas las medidas necesarias para la protección y respeto del patrimonio arqueológico".
"Lo más irritante" de esta situación, concluyen, es que sus protagonistas sean "precisamente los poderes públicos que deben cumplir y hacer cumplir la normativa", y que "habitualmente exigen a los particulares condiciones que el propio Consorcio se niega a exigir al Ayuntamiento de Mérida".
Finalmente, exigen al Consorcio que ejerza sus funciones con "un mayor grado de rigor, responsabilidad y profesionalidad", en lugar de "intentar desprestigiar la labor de oposición de un grupo municipal, cuyo único interés en este asunto es la protección de nuestro patrimonio arqueológico y garantizar el respeto de la normativa vigente".
