Tres personas recibieron en Extremadura la prestación de ayuda para morir de las once que la solicitaron durante el año 2022 (el 27 por ciento), lo que supone el ratio más bajo junto a Islas Baleares en el país, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad.
A nivel estatal, un total de 746 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en el primer año y medio en vigor de la ley de eutanasia, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, y a 363 (el 48 por ciento) les fue concedida, pero un tercio falleció antes de que se resolviera su petición.
Concretamente, el año pasado se registraron 576 solicitudes, de las que acabaron aceptándose la mitad, un total de 288.
Mientras, en 2021, el primer año de aplicación de la ley de regulación de la eutanasia, se contabilizaron 173 solicitudes y se admitieron 75, si bien hay que tener en cuenta que estas cifras corresponden al segundo semestre, ya que la normativa entró en vigor en junio.
La mayor parte de los solicitantes reclamó la administración por parte del equipo sanitario y un 14 % se acogió al programa de donación de órganos de acuerdo al protocolo específico establecido.
Además, según los datos de Sanidad, las prestaciones se han realizado de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública.
El número de solicitudes denegadas fue inferior al 20 %, aunque de ellas un tercio acabó siendo estimada tras las correspondientes reclamaciones ante las comisiones de garantías y evaluación de eutanasia (CGyE), órgano administrativo encargado de verificar el cumplimiento de la ley en su ámbito territorial, así como de autorizar la aplicación de la prestación de ayuda a morir.
El perfil del solicitante de la ayuda a morir es el de una persona de entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico.
Un tercio falleció antes de resolverse su solicitud de eutanasia, mientras que el número de personas que cambian de opinión o que piden un aplazamiento de la prestación es mínimo.
