El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en una sentencia del 23 de enero, confirmado otra ya emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Mérida, que ha establecido que el Servicio Extremeño de Salud (SES) debe indemnizar a la empresa con algo más de 3 millones de euros por los "errores" contenidos en el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio en 2017.
De esta forma, el TSJEx ha desestimado el recurso presentado por el SES contra esta sentencia, al tener en cuenta los argumentos aportados por Ambulancias Tenorio en el procedimiento sobre la falta de medios que existía en el pliego que desde el año 2017 a principios de 2021 marco la gestión del transporte sanitario en Extremadura.
Ambulancias Tenorio, según indica en una nota de prensa, venía exponiendo ante el SES desde el año 2018 que los medios y recursos que se habían dispuesto en el pliego de condiciones eran "insuficientes" para atender todos los servicios de transporte sanitario que se requerían de forma diaria en Extremadura.
A pesar de esta "limitación", la empresa siguió prestando y realizando estos servicios, aunque éstos "no se estaban pagando por parte del SES", asegura la compañía.
Entre ellos, destacaban de "forma especial" el "aumento de la actividad de atención especializada en servicios y centros hospitalarios externos al SES o la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas".
Estos servicios no dejaron de prestarse "en ningún momento", sostiene Tenorio, que añade que los mismos fueron realizados "con medios propios" de Ambulancias Tenorio "sin recibir hasta el momento de esta sentencia una compensación económica al respecto".
Desde la compañía han señalado la importancia de esta sentencia, ya que reconoce el "esfuerzo" que la empresa realizó "de forma diaria" por atender "numerosos servicios" que no se habían previsto.
En este sentido, el CEO de Tenorio Grupo empresarial, al que pertenece Ambulancias Tenorio, Javier Sánchez, ha asegurado que "el resarcimiento económico que marca la Justicia en estas dos sentencias es "una buena noticia", aunque el "daño" que se hizo a la empresa "desde diferentes agentes sociales y grupos políticos no podrá compensarse nunca", ya que "se atacó a una empresa que ha demostrado que puso recursos propios para no desatender nunca a los pacientes y a la sociedad extremeña".
La compañía ha mostrado también su "malestar" por tener que recurrir a medidas legales para intentar solucionar aspectos que "deberían solucionarse en el ámbito de la gestión público-privada de un servicio". Es el camino, considera la empresa, que "desgraciadamente" marcan las administraciones y, por tanto, será "el utilizado siempre que se detecten contratos o actos injustos por parte de las entidades que dirigen el transporte sanitario".
