La Delegación del Gobierno en Extremadura ha albergado este martes en su sede de Badajoz una reunión en la que se han puesto en común las organizaciones Accem, Provivienda y Progestión, que trabajan con personas migrantes en la región a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a empresarios de distintos sectores con necesidades de mano de obra.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, acompañado de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, ha participado en este encuentro en el que ha dado a conocer nuevas medidas para favorecer la inserción laboral de personas migrantes en situación de vulnerabilidad social, en una iniciativa que pretende paliar los problemas de mano de obra existentes en diferentes sectores del tejido productivo extremeño.
En concreto, en la presentación han participado las organizaciones Accem, Provivienda y Progestión y representantes de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y Afruex, del sector agroalimentario; las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, Coeba y Coepca por el sector empresarial, así como CIEM; Fecons y Pymecon, del sector de la construcción, y Extrefor como representante de las empresas del sector forestal.
En declaraciones posteriores a los medios, Quintana ha destacado las posibilidades de este programa, que llevan a cabo diferentes ONG y el Gobierno de España, y que posibilita la incorporación al mercado laboral de personas migrantes en situación de protección, que reúnen todos los requisitos para ser contratadas.
En este sentido, ha explicado, las asociaciones hacen un seguimiento a través del Gobierno de España, mientras las asociaciones empresariales venían reclamando que había necesidad de mano de obra, ante lo que han querido ponerles en contacto para que pudieran facilitar a los empresarios la posibilidad de contratar a este tipo de trabajadores migrantes que reúnen los requisitos para obtener los permisos de trabajo.
Al mismo tiempo, poder cumplimentar esta oferta de mano de obra requiere también del compromiso por parte del empresario contratante para garantizar una vivienda "digna", facilitar el desplazamiento desde esa vivienda al puesto de trabajo y, por último, ofrecer contratos legalizados.
"Con esta intermediación que hacemos desde la Delegación del Gobierno entre ONG y el tejido empresarial de la región, damos un paso adelante para favorecer la inserción laboral gracias a los programas de formación y orientación laboral que están desarrollando estas entidades que trabajan con personas migrantes", ha explicado, junto con que intentan ofrecer una solución a los problemas de mano de obra en algunos sectores, "pero para ello es necesario hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los derechos que estos migrantes tienen como personas".
Asimismo, el delegado del Gobierno ha recordado que estas organizaciones trabajan con personas que son solicitantes de protección, lo que requiere de un acompañamiento y asesoramiento más global para garantizar también su formación y preparación para la incorporación al mercado laboral.
"Lo que hemos hecho es garantizar una serie de mecanismos de colaboración entre una Administración pública, entidades sociales y el sector privado para que sea posible facilitar su acceso real y efectivo al mercado laboral de estas personas en condiciones de dignidad, prestando acompañamiento social que requieren", ha remarcado.
En el caso de Extremadura, ha subrayado Quintana, ya hay experiencias similares que han facilitado la contratación de 15 personas migrantes, a través de una empresa del sector energético, para trabajar en dos localizaciones, Almaraz y Torrecillas de la Tiesa.
