El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde al decreto que amplía las comarcas ganaderas de la región de 15 a 43 para "adaptarlas a las necesidades sanitarias reales y simplificar la gestión".
La portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que el diseño actual data de los años 90 y con esta ampliación a zonas "más pequeñas y mejor definidas" se refuerza la vigilancia, control y erradicación de enfermedades animales.
Con ello se busca analizar "mejor" el riesgo y tomar decisiones "más precisas" para aplicar medidas "sólo donde son necesarias" como ocurre con los saneamientos por la prevalencia de la tuberculosis.
Las 43 comarcas ganaderas (22 en Badajoz y 21 en Cáceres, según avanzó en noviembre el Ejecutivo) se considerarán como unidades epidemiológicas intermedias entre el municipio y las actuales Oficinas Veterinarias de Zona, que permitan una gestión más eficiente de las medidas en materia de control sanitario.
Esto no afecta a las 15 Oficinas Veterinarias de Zona actuales (8 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres), que se mantendrán como las unidades administrativas y funcionales de referencia, creadas mediante la orden de 29 de enero de 1991 de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio.
A modo de ejemplo, Manzano ha expuesto que la comarca de Cáceres, que cuenta con 26 municipios y 1.321 explotaciones, se dividirá en tres zonas (centro, norte y sur) y se ajustarán los saneamientos a la prevalencia real de la tuberculosis, con un único saneamiento anual en la zona sur al ser inferior ésta al 3 %, frente a los dos actuales.
En la zona de Badajoz, según la portavoz, se beneficiarán el 40 % de las explotaciones con esta ampliación de las comarcas.
Por otro lado, en materia de Gestión Forestal, el Consejo de Gobierno ha autorizado, para la construcción de un nuevo polígono industrial, la descatalogación parcial de 4,5 hectáreas del Monte de Utilidad Pública 113, dehesa boyal de Santibáñez el Bajo (Cáceres), por "interés público prevalente sobre el forestal".
La superficie objeto de descatalogación supone un 0,5 % del total del monte, sin valor ambiental desde hace años, por lo que, a juicio del Ejecutivo, no incidiría en la gestión forestal sostenible y adecuada del resto de la superficie de la dehesa boyal.
Esta iniciativa viene motivada por la carencia de terrenos patrimoniales municipales donde desarrollar actividades económicas vinculadas al territorio y compatibles con la legislación medioambiental y del suelo, como un polígono industrial, según refleja la reseña del Consejo de Gobierno.
