La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, ha denunciado a través de un comunicado a la opinión pública que desde el año 2023 sufre "amenazas" e "insultos" por parte de una vecina de esa misma localidad cacereña.
Según ha relatado la propia regidora en un comunicado publicado a través de sus redes sociales, hubo un primer proceso judicial en diciembre de 2023 que terminó con una orden de alejamiento y una sanción económica.
A ello se suma, según precisa Jordán, un segundo procedimiento que sigue en diligencias previas, así como una tercera denuncia que, ha lamentado, se ha visto obligada a interponer este pasado viernes "temiendo" por su "integridad" y la de su familia, habiendo tenido que recibir, por tal situación, asistencia hospitalaria, dado su "nivel de tensión y ansiedad".
Tras remarcar que esta coyuntura le impide acudir "con normalidad" a su trabajo, así como vivir "con la tranquilidad que cualquier persona merece", la alcaldesa ha avanzado que, siguiendo las recomendaciones de su abogado y de la jueza, en adelante actuará "únicamente por los cauces oficiales con competencia municipal" y seguirá "siempre acompañada por la Policía Local y Guardia Civil" para garantizar su seguridad.
GUARDIOLA PIDE RESPETO FRENTE A LA HOSTILIDAD
Lamentando la situación y trasladando su "apoyo y cariño" a la regidora, se ha pronunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha pedido "respeto" y "no hostilidad" para quienes dan "un paso al frente para servir a los demás".
"La política tiene que ser un espacio de convivencia y trabajo por el bien común", ha subrayado Guardiola agradeciendo a Jordán su "incansable vocación" y "compromiso con sus vecinos", y resaltando la "enorme entereza" demostrada en unas "circunstancias" que ha tildado de "muy desagradables".
Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, ha mostrado "todo su apoyo y respaldo" a la regidora, a la par que ha condenado "cualquier tipo de agresión y ofensa" recibida.
"Es intolerable que un representante político reciba amenazas o coacciones en calidad de cargo electo", ha insistido González Andrade para, a renglón seguido, reivindicar que "cualquier desacuerdo debe trasladarse siempre con respeto y a través de los cauces legales".
