Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Plasencia (Cáceres), han investigado a once personas (una mujer y diez hombres), cuatro de ellas responsables de una empresa autorizada en la gestión de residuos, y el resto clientes de la misma, como supuestos autores de un delito de falsificación en documento mercantil, por su supuesta implicación en la emisión de facturas falsas tras la compra de residuos metálicos.
Dentro de la constante vigilancia que los Equipos ROCA (robos en el campo) de la Guardia Civil, llevan a cabo en los centros autorizados para la gestión y el tratamiento de residuos, donde se inspeccionan tanto los materiales entregados, para comprobar que no tengan un origen ilícito, como las personas que los venden, los agentes obtuvieron determinada información acerca de la supuesta emisión irregular de facturas, por parte de un centro autorizado para la recepción de materiales de este tipo (chatarras férricas y metales no férricos), próximo a la ciudad de Cáceres
Profundizando en la investigación, los agentes averiguaron que numerosas personas se desplazaban desde lugares distantes hasta las instalaciones de esta empresa de tratamiento de residuos, recorriendo en algunos casos una importante cantidad de kilómetros ya que, al parecer, en ella los vendedores recibían un mayor importe por el material que entregaban en venta.
Tras inspeccionar los preceptivos registros de entrega de materiales, así como las personas que los vendían, se pudo averiguar que habían sido emitidas facturas a nombre de personas, residentes en otras provincias, que nunca habían estado en el centro de tratamiento de residuos y que, por tanto, no habían vendido ningún material en él.
Las pesquisas practicadas llevaron a conocer que había personas que entregaban chatarra en la empresa de gestión de residuos, recibiendo el abono correspondiente por ello pero aportando para la factura los datos de filiación de esas otras personas, todo ello con conocimiento del gestor de residuos que era quien las emitía.
De esta manera, cuando una de estas personas que figuraba en las facturas llegaba a la cifra de 1.000 euros anuales, entregados por la supuesta venta de material, la empresa gestora de residuos dejaba de emitir facturas a su nombre para eludir así posibles obligaciones fiscales.
En base a estos hechos, se ha procedido a la investigación de 11 personas, una mujer y tres hombres con algún tipo de responsabilidad en la empresa de gestión de residuos, y otros siete hombres clientes de esta, por su supuesta implicación en un delito de falsificación en documento mercantil, poniendo a disposición de la autoridad judicial en Cáceres las diligencias instruidas.
