Unidas por Mérida llevará al pleno la modificación del acuerdo que regula la utilización del dinero aportado por el ayuntamiento para la actividad de los grupos municipales.
La normativa municipal que regula el derecho de los grupos municipales para recibir fondos públicos que sirvan para financiar la actividad de los grupos municipales, resulta en la actualidad tan laxa que permite la utilización de los fondos destinados a los grupos para finalidades que, en nuestra opinión, no obedecen a los fines para los que ha fue concebida.
El ayuntamiento de Mérida es una de las pocas corporaciones locales que contempla la definición de cuáles son los gastos a los que los grupos municipales pueden destinar los fondos que les facilita el ayuntamiento; ahora bien, esta normativa es lo suficientemente vaga e imprecisa para dar lugar a situaciones en las que los grupos municipales pueden presentar como actividad política, actuaciones que en realidad no son de esa naturaleza, por lo que se desvirtúa la finalidad de una norma que pretenden adecuar los fondos a la finalidad de la representación y funcionamiento de los grupos municipales.
El empleo de fondos por parte de distintos grupos en el pago de comidas, reuniones con su militancia, o aquellos que están –formalmente- destinadas a la contratación de servicios que los propios partidos pueden prestar gratuitamente a los grupos municipales, están alejados de cualquier consideración mínimamente vinculada con el sentido común y la honestidad.
Resulta del todo necesario que los grupos municipales dispongan de los medios económicos, materiales y personales para el desarrollo de su actividad, lo que no implica que cualquier tipo de gasto resulte legítimo a estos efectos.
Los cargos públicos municipales deben ser conscientes de la responsabilidad que supone la administración y gasto de fondos que no les pertenecen, sino que tienen tienen un naturaleza pública, y como tales, tienen su origen en los impuestos que pagan los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
La libertad que los particulares disfrutan con arreglo al destino de su propio dinero no tiene su correspondencia con el uso que los grupos municipales puedan realizar de fondos municipales, por lo que entendemos que la normativa que regula estas cuestiones debe superar el enorme grado de imprecisión que presiden -a día de hoy- la normativa municipal a este respecto.
Así, desde Unidas por Mérida, consideramos que el empleo de fondos públicos para cualquier destino que no sea el de dotar a los medios imprescindibles para el desarrollo de la actividad política municipal supone poco menos que un insulto a todas las personas que pagan sus impuestos y una muestra de insoportable de falta de respeto al conjunto de las personas que viven en nuestra ciudad.
En definitiva, las personas que pagan los impuestos que sostienen la actividad municipal no cumplen sus obligaciones para que los cargos públicos de nuestra ciudad empleen el dinero que les facilita el ayuntamiento en gastos innecesarios y superfluos, carentes de cualquier justificación ética, personal o política.
