Las obras del nuevo centro de acogida de menores Vicente Marcelo Nessi de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz estarán adjudicadas a lo largo del año 2023 con una inversión de 12 millones de euros de los fondos Next Generation, cuyo plan funcional "ya está hecho" y que permite "sobre todo" una mejor reinserción social de los menores que están en el mismo.
Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en declaraciones a los medios con motivo de su visita a distintos espacios de Badajoz, entre ellos a los terrenos en los que se va a ubicar el nuevo Marcelo Nessi, que está "justo" en una parcela propiedad de la Junta situada en uno de los laterales del actual centro.
Al respecto, ha destacado que ya está hecho el plan funcional, que lleva una parte que tiene que ver con un módulo "ya completamente adaptado" a los requerimientos de la Fiscalía y de los Juzgados de Menores, "siempre con el objetivo final de que se produzca de la mejor forma posible la reinserción social de estos menores infractores y que han sido, en algunos episodios de su vida, condenados a cumplir medidas judiciales".
En concreto, la inversión prevista es de alrededor de 12 millones de euros, y "ahora mismo ya" han sacado la redacción del proyecto y tendrán adjudicadas las obras a lo largo del año 2023, que es lo que les "exigen" el mecanismo de financiación de los fondos Next Generation con los que se va a construir ese centro, con el objetivo final de que antes de 2026 esté construido el centro nuevo.
Mientras tanto, ha continuado Vergeles, "no" se ha "dejado" de realizar reformas que se les han ido requiriendo, bien por parte de la necesidad que tenía el centro de hacerlas en el actual Vicente Marcelo Nessi, ante lo cual ha detallado que, en lo que llevan de reformas, se trata de unos 3,7 millones de euros invertidos, fundamentalmente en mejorar la eficiencia energética, tanto en lo que respecta a la envolvente como en las fuentes de energía, así como en materia de accesibilidad y en torno a las medidas de confort dentro del centro para los menores que residen en el mismo.
"Siempre estamos participando en proyectos que finalmente vengan a reinsertar a esas personas", ha ahondado, mientras que sobre el actual centro ha matizado que en su origen fue una residencia en la que han intentado "en la medida de lo posible" hacer una adaptación a las necesidades que han ido planteando la Fiscalía y los juzgados, y que "es verdad" que no fue construido para dicho fin.
El nuevo centro permite "sobre todo" una mejor reinserción social de los menores que están en el mismo, por lo que será "lo más parecido" a un modelo de vivienda y tendrá distintos módulos residenciales para estos menores, y zonas comunes en las que se podrán realizar trabajos en grupo o tener un espacio "muchísimo más digno" que el actual, para poder llevar a cabo los programas que se hacen en contacto con la comunidad en la que están, como el abordaje de la educación en el ámbito de las conductas adictivas o el desarrollo de habilidades sociales ante entrevistas de trabajo.
Así y además de configurar un edificio que mantenga las condiciones de accesibilidad y las de eficiencia energética, ha planteado que sean capaces de proporcionar todos los servicios para que los niños puedan integrarse socialmente una vez que salen de allí; mientras que sobre el actual edificio "se vacía" y se le buscará otros usos, ante lo cual hay que hablar "muy mucho" si le quiere dar un fin social, como es el "interés" de la Junta, con los vecinos de la zona.
Vergeles ha visitado también el Centro de Menores San Juan Bautista, del que ha explicado que es abierto y que los menores residen en el mismo, que "tiene que convertirse en un hogar", de modo que se han acometido reformas relacionadas con la estimulación de los niños, a través del juego con una inversión en el parque infantil; y con el ejercicio físico, para lo que han modificado la zona de los gimnasios, junto con inversiones en el acondicionamiento del propio centro, en el que van realizando inversiones "de forma progresiva".
Al respecto, ha apuntillado que en el año 2022, a través de la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, llegaron al pacto entre todas las comunidades de que antes de 2026 ningún menor de 6 años que estuviese tutelado o cuya guarda la tuviese la Junta de Extremadura debería residir en ningún centro de menores, sino que deberían estar con las familias, de modo tal que esto está "acompasado" con las medidas de incentivación y de apoyo a las familias de acogida.
"De hecho", ha dicho, en el momento actual en el San Juan Bautista residen 42 menores aproximadamente con un total de unas 70 plazas, a la vez que ha destacado que los 77 menores que han sido atendidos a lo largo del pasado año "han ido teniendo un itinerario vital distinto", y que, en su opinión, "lo mejor" es que puedan residir en un modelo de familia y "por lo tanto" eso es lo que tienen que conseguir.
El otro acuerdo al que se llegó en dicha conferencia es que antes del año 2031 ningún menor de 10 años estuviese residiendo en ningún centro de menores, ha sumado Vergeles, que ha matizado que en estos últimos, y tanto de Extremadura como en todo el país, están viviendo una adaptación en unas edades "complicadas", porque los niños que empezaron "siendo pequeñitos" están llegando a la adolescencia, una época "convulsa", sumado a la pandemia en la que la situación vivida por la adolescencia y los menores es también "complicada".
A este respecto, ha apuntado que los niños que están en estos centros tienen "itinerarios de vida muy complicados" que les llevan a una serie de conductas "disruptivas muy importantes", por lo que tienen que velar por la seguridad de los trabajadores y también por la de los niños, ante lo cual ha agregado que en estos espacios hay más frecuencia de lo que se denomina 'trastorno de adversidad temprana' que el que pueda haber en otros entorno.
Sobre esto último, ha dicho que vienen alertando desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se podrían vivir situaciones en todo el país "donde el sistema de protección de menores va a tener que evolucionar", en el sentido de adaptarse a las expectativas que hoy en día tienen los menores de nuestro país y de los de otros países, que también son atendidos en estos centros de menores.
"Ese es el reto al que tenemos que hacer frente y, desde luego sin duda ninguna, seguir fomentando que estos niños donde mejor están es con familias", una "apuesta" que han realizado en los Presupuestos Generales de la comunidad para 2023 a la hora de fomentar la familias de acogida y tanto la acogida permanente como la adopción, además de acompañar, a través de la asociación de familias acogedoras y de familias adoptantes, a esas familias para que puedan desarrollar "bien" sus trabajo "con una parentalidad positiva".
En relación al citado "reto" y a la existencia de denuncias por parte de vigilantes de seguridad de centros como los de Trujillo o Mérida, Vergeles ha explicado que hay que seguir invirtiendo en la prevención de los trastornos de conducta y en detectar "a tiempo" los que pudieran haber, así como trabajar "muy de la mano" con el personal para ver cómo se sienten "seguros" haciendo su trabajo, elaborando protocolos que den respuesta a las necesidades que plantean los menores y que son "cambiantes".
Al mismo tiempo, ha planteado que, desde el punto de vista de la respuesta, están trabajando y "muy avanzado" el proyecto Cereza, situado en Plasencia, en concreto en el Paraje de Valcorchero y que pretende dar respuesta a menores con trastornos de conductas "muy disruptivos".
