El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Badajoz ha registrado durante el año 2020 un total de 275 casos de investigación de muertes con intervención judicial que han sido trasladados a dicho instituto para la práctica de la autopsia judicial, además de un estudio de restos óseos y dos exhumaciones, una para estudio biológico de parentesco y otra por sospecha fundada de muerte violenta de carácter homicida, lo que suponen un total de 278 actuaciones tanatológicas.
A ello hay que añadir la práctica de dos autopsias clínicas realizadas en el Instituto de Badajoz en virtud del convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Del conjunto de todos los fallecimientos contabilizados, 211 pertenecían a sujetos varones y 64 a mujeres, con una disminución en cifras absolutas y porcentuales de muertes judiciales en varones y un aumento en cifras absolutas y porcentual de muertes judiciales en mujeres respecto al 2019.
La media mensual de registro en el Instituto en el año 2019 incluidas las autopsias clínicas fue de 23,33 actuaciones tanatológicas al mes, frente a 25,25 intervenciones por mes del año 2019, según la memoria del citado organismo correspondiente al pasado año.
Cabe destacar que en 124 casos fueron muertes violentas, distribuidas desde el punto de vista etiológico en 59 muertes accidentales, 61 casos de suicidio, tres homicidios y un caso en el que no fue posible establecer una etiología Médico Legal en concreto.
La mayoría de las muertes violentas accidentales correspondió a los accidentes de tráfico con un total de 21 fallecidos, lo que supone el 35,59 por ciento de estas, con un descenso de cifras absolutas y un ligero incremento en cifras porcentuales respecto a los fallecidos por esta causa en el año 2019. Además, se produce un descenso del número de muertes en atropello con dos fallecidos, respecto a los cinco fallecidos por esta causa en el año 2019.
En el caso de los fallecimientos por suicidios, se registraron 61 muertes (49,19 por ciento de muertes violentas), con un incremento de las cifras absolutas y porcentuales con respecto a las 52 muertes del año 2019 (39,10 por ciento de muertes violentas). En este sentido, existe un "predominio evidente" de la ahorcadura como mecanismo suicida, al que siguen a distancia la intoxicación, la precipitación, la sumersión y por armas de fuego, según se refleja en dicha memoria.
A su vez y respecto a las muertes homicidas, se contabilizaron tres homicidios que representan el 2,42 por ciento de las muertes violentas registradas en el IMLCF durante el 2020, lo que supone un ligero aumento en cifras absolutas y porcentuales con respecto al pasado 2019, con dos homicidios (1,50 por ciento). "Al ser relativamente pequeñas las cifras absolutas, hay que considerarlas con precaución", matiza el organismo.
En el caso de los fallecimientos por causas naturales, se contabilizaron 151 muertes (54,91 por ciento del total de fallecidos con intervención judicial), produciéndose un descenso en cifras absolutas y porcentuales con respecto al 2019. Sobre estos últimos fallecimientos, existe, "como es habitual", un "predominio evidente" de las enfermedades cardiovasculares, al que siguen a distancia las enfermedades del sistema digestivo, del sistema respiratorio, infecciosas, neoplasias, el síndrome de muerte súbita en la infancia y las enfermedades del sistema nervioso.
En la actualidad, el Servicio de Laboratorio Forense carece de los medios materiales y humanos "necesarios e imprescindibles" para la realización de los análisis periciales propios de su disciplina, y las muestras, tanto de sujetos vivos como de cadáveres, como en años anteriores son remitidas al Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Las estadísticas relativas a los análisis de laboratorio solicitadas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses durante el 2019 reflejan 141 asuntos judiciales con peticiones de laboratorio forense, y 177 muestras remitidas por el IMLCF de Badajoz y de las que 51 han sido analizadas por el citado Instituto Nacional y 126 están pendientes.
En cuanto a las actividades de los equipos psicosociales, en este último ejercicio de 2020 ha supuesto la emisión de 665 informes. Durante este periodo se contabilizaron además 35 asistencias a juicios, mientras que el número de asuntos de los equipos psicosociales distingue entre 104 asuntos civiles propios de familias, 62 asuntos penales de violencia de género, 47 de credibilidad del testimonio, 10 asuntos civiles derivados de violencia de género, cinco de maltrato infantil o cuatro de exploración de menores víctimas de otros delitos.
Según la memoria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz, durante el ejercicio 2020 se han emitido 6.503 informes con un descenso del 12,98 por ciento con respecto al año 2019. Para realizar el cómputo global de informes, se han contabilizado el número total de informes del servicio de clínica forense (periciales en consulta clínica habitual, periciales de guardias, y periciales extrajudiciales), el del servicio de patología forense y el de los equipos psicosociales.
En relación a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19, la memoria indica que ha sido necesario elaborar un plan de actuación a efectos de garantizar la prestación de estos servicios esenciales; así como que las medidas de confinamiento y posteriormente de reducción de la movilidad mediante aislamiento perimetral, restricción de actividades, y toque de queda decretadas por el Gobierno de la Nación y de la Comunidad se ve reflejada en las estadísticas de las actividades del IMLCF de Badajoz durante el 2020.
Así, la limitación de la actividad del IMLCF de Badajoz a los servicios esenciales durante el primer periodo del estado de alarma y la posterior desescalada con el incremento de actividades, con la incorporación física del personal a su puesto de trabajo o mediante sistema telemático, "se traduce estadísticamente en una disminución de los informes emitidos durante el año 2020".
Las restricciones de la movilidad de la población general han supuesto una disminución de los accidentes de tráfico, ya sea con resultado de muerte o de lesiones, un descenso de las agresiones al disminuir la interacción social y un descenso de los accidentes de trabajo debido a las restricciones laborales.
También las medidas de prevención y seguridad laboral permitiendo que, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los informes médico-forenses puedan realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible, y su posterior ampliación hasta junio de 2021 ha supuesto un descenso "considerable" de los informes de estado que se venían emitiendo en el seguimiento de los lesionados.
Finalmente, el Instituto explica que la restricción de la movilidad de la población general y el confinamiento domiciliario no se ha visto traducido en un incremento de lesiones en violencia de género o violencia doméstica, ni de la litigiosidad en el ámbito laboral.
