Esta mañana ha comenzado en la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7ª con sede en Elche, el juicio al exalcalde de Bigastro José Joaquín Moya, al exsecretario del Ayuntamiento y a un funcionario municipal, acusados de presuntas irregularidades en la adjudicación de la urbanización de parte del PGOU del municipio y de quedarse supuestamente con parte del dinero recibido por la empresa adjudicataria.
El juicio llega casi 20 años después de los hechos denunciados
Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2006 cuando, según mantiene la Fiscalía, los procesados adjudicaron a una empresa la condición de agente urbanizador del sector D12 del Plan General de Ordenación Urbana, antes de que se éste se aprobara definitivamente y de que finalizara su tramitación. Los procesados habrían realizado la adjudicación vulnerando las normas de libre concurrencia. Por otra parte, la acusación pública mantiene que los encausados se quedaron para su propio beneficio con parte del dinero que la empresa abonó y que debían ingresar en las arcas municipales.
Solicitud de penas
El Ministerio Público solicita para el exalcalde José Joaquín Moya una pena de prisión de siete años por un delito continuado de malversación de caudales públicos y de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Para el exsecretario, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por un delito de malversación y 12 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Para el funcionario, la acusación pública solicita cinco años de prisión por un delito de malversación.
El exalcalde socialista de Bigastro ocupó el cargo de regidor durante 25 años hasta que tuvo que dimitir en 2008 tras ser detenido por la Guardia Civil, investigación que se dividió en varias causas. De hecho, ya fue inhabilitado en el año 2012 por una de ellas y condenado a prisión por otra en enero de 2021, también por un delito continuado de malversación.
