Los técnicos municipales del servicio de contratación han seleccionado ya a la empresa que implantará en València las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), a las que solo podrán acceder libremente los vehículos menos contaminantes. En las próximas semanas la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento deberá ratificar la adjudicación a la empresa elegida, que será la encargada de suministrar los diferentes equipos necesarios para gestionar el sistema de control de acceso.
El contrato tiene un valor de alrededor de 10 millones de euros, y según ha sabido Onda Cero, ha sido adjudicado de manera provisional a una UTE integrada por las empresas Alumbrados Viarios, y Estacionamientos y Servicios. Su oferta ha sido la mejor puntuada de entre las 8 que se han presentado al concurso.
El plazo de ejecución es de dos años, por lo que el sistema no podrá estar operativo antes de que finalice 2023, tal y como marca la Ley de Transición Energética. Esta ley obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones dentro de ese plazo.
Sensores y cámaras
En València se implantarán 93 sensores repartidos por toda la ciudad, que medirán a tiempo real los niveles de contaminación. Además, se colocarán 274 cámaras de control de acceso a lo largo de las rondas norte y sur, en los dos márgenes del antiguo cauce y en las entradas al casco histórico desde la ronda interior desde calles como Colón, Xàtiva, o Guillem de Castro. También en los cruces de las principales avenidas.
Los vehículos serán clasificados como blancos si son poco o nada contaminantes, y grises si emiten demasiado CO2, todo ello en función del etiquetaje oficial de la DGT. Habrá además un listado negro con vehículos robados o que aparecen implicados en algún delito, que activarán una alarma en la Policía Local si son detectados en la ciudad.
El sistema divide la ciudad en cinco grandes áreas por las que se limitará el acceso de los vehículos más contaminantes. De momento el Ayuntamiento sigue sin concretar en qué zonas se les restringirá el acceso, y si será una prohibición total o podrán entrar pagando una tasa. Esas cuestiones se definirán posteriormente a través de una nueva ordenanza municipal.
