El pleno de Les Corts ha dado el sí, con los votos de los tres grupos del Botànic, a la tasa turística siete años después de proponerse por primera vez.
Se trata de un impuesto que, finalmente, no se aplicará como mínimo hasta 2024 y será voluntario, por lo que cada municipio decidirá si lo cobra o no. Precisamente, estos tres requisitos han hecho que el PSPV, la pata del gobierno valenciano más reacia a aprobarla, haya dado el sí definitivo.
El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reconocido en varias ocasiones que no era partidario de la tasa. De hecho, este jueves, en una de sus intervenciones en Les Corts, ha asegurado, sin referirse explícitamente al tributo, que los socialistas "cumplen siempre sus acuerdos, aunque algunos no les gusten".
La oposición ha votado en contra y ha vuelto a rechazar la aplicación de lo que han calificado como un impuesto "injusto". También la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un comunicado, se ha mostrado contraria a su aprobación, porque a su juicio sale adelante "sin contar con el sector", "lastrará la recuperación en la que se encuentra inmerso" y "restará competitividad a la Comunitat Valenciana".
Preguntados los grupos Compromís y Unides Podem por las críticas de la patronal, han insistido en que se ha contado con todo el sector, y que esto incluye a "vecinos, los trabajadores, sindicatos y expertos en fiscalidad", no solo a los empresarios.
La síndica de Compromís, Papi Robles, ha insistido en que la patronal rechazaba la tasa y quería que se recuperaran las cifras del turismo, por lo que, teniendo en cuenta la moratoria que contempla la ley, entienden que están "interpelando a lo que el sector pedía".
En la misma línea, Ferran Martínez, portavoz adjunto de Unides Podem, ha recordado a la patronal que la medida incorpora la moratoria de que no se aplique hasta dentro de un año "cuando la recuperación se haya completado" y que esto "es producto del diálogo".
ORÍGENES
Siete años han pasado desde 2015 en que los partidos del Botànic (PSPV y Compromís con el apoyo externo de Podem en aquel momento) barajaron por primera vez la posibilidad de implantar este impuesto. En octubre de aquel año, el Consell descartó incluir la tasa en sus presupuestos. La secretaria autonómica de Hacienda de entonces, Clara Ferrando, señalaba que no se había incluido pero que podría haber "un punto de acuerdo" en el futuro y que había "todo el tiempo del mundo para hablarlo".
Ninguno de los representantes del ejecutivo que defendieron aquel presupuesto sigue en su puesto siete años más tarde, ni el conseller ni la secretaria autonómica ni los directores generales. Sí sigue en el cargo el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su oposición a este tributo, impulsado desde Compromís y Unides Podem y finalmente aceptado por el PSPV en Les Corts.
