El gobierno local acudirá al Supremo

Ribó anuncia que recurrirá la sentencia de la Audiendia Nacional sobre la encuesta fallera

El alcalde de València, Joan Ribó, ha confirmado que el gobierno local estudia recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica que la encuesta sociológica sobe las Fallas realizada en 2017 incumplió gravemente la ley de protección de datos. El fallo desestima el recurso del Ayuntamiento y confirma el pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos, que apercibió al gobierno de Ribó por haber tratado datos especialmente protegidos de los entrevistados -como su ideología o religión- sin su consentimiento expreso.

ondacero.es

València | 03.06.2020 12:41

El alcalde se ha mostrado muy esquivo al ser preguntado sobre este asunto. Joan Ribó se ha remitido a un comunicado emitido por el gobierno local tras la sentencia, en el que deriva la responsabilidad a la empresa a la que se encargó la encuesta y se anunciaba ese posible recurso ante el Supremo. En ese comunicado, el Ayuntamiento de València recuerda que no hubo sanción alguna para el Consistorio por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación a la "infracción grave" detectada en la encuesta "pero, en todo caso, los servicios jurídicos estudiarán con detenimiento el pronunciamiento que ha hecho este tribunal". "La encuesta a la que se refiere el tribunal es un estudio sociológico encargado a una experimentada empresa profesional, líder en su sector, y es evidente la confianza en que se utilizaría la metodología oportuna y por tanto redundante apercibirla de cuestiones básicas de su trabajo cotidiano, como lo es en este caso indicarle a una empresa de estudios de opinión que respete la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), como deben hacer todas las empresas en todos sus trabajos".

Asimismo, se insiste en que "la misma empresa se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la LOPD y en el tratamiendo de unos datos cuya naturaleza, tanto empresa como Ayuntamiento convinieron que eran de nivel alto, así como a la destrucción de los datos, tal y como efectivamente se produjo". El Consistorio alega que "únicamente dispuso de los resultados finales del estudio realizado, que fueron expuestos a los medios de comunicación. En ningún caso dispuso de ningún tipo de información de carácter personal de las personas encuestadas".

En su sentencia, la Audiencia Nacional ha confirmado el pronunciamiento de la AEPD en el que concluía que el Ayuntamiento de València cometió una infracción muy grave al haber tratado datos especialmente protegidos, como los relacionados con ideología o religión "sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes"