TRIBUNALES

El juicio del caso Erial comenzará el 1 de febrero a pesar de la enfermedad del abogado de Eduardo Zaplana

De esta forma el inicio del juicio se mantienetal y como estaba previsto y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En la macrocausa están investigadas veinte personas.

EFE | Amparo Sánchez

València | 25.01.2024 12:09

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana a su llegada a la oficina de presentaciones del juzgado de guardia de València.
El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana a su llegada a la oficina de presentaciones del juzgado de guardia de València. | EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido mantener el señalamiento del caso Erial pese a la enfermedad del abogado del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.

El abogado de Zaplana, Daniel Campos, había solicitado a la Audiencia de Valencia una nueva modificación de las fechas, debido a que sufre una dolencia cardíaca por la que está hospitalizado y que le impedirá estar presente en el inicio del juicio el próximo jueves.

La baja del fiscal anticorrupción obligó a retrasar un mes esta macrocausa, que inicialmente iba a comenzar el pasado 9 de enero, y que incluye 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.

Investigados

Recordar que la instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidents de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana, en mayo de 2018, y que le llevó a prisión hasta febrero de 2019. La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de diecinueve años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.