La Generalitat Valenciana, tal y como advirtió hace unas semanas, ha presentado este martes su recurso de inconstitucionalidad contra el plan del Gobierno para la distribución de los menores migrantes llegados a territorio español.
El Consell considera que se vulneran las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en asistencia social y menores, el principio de cooperación y lealtad y el de autonomía financiera. La norma regula la reubicación de menores extranjeros no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades autónomas.
El 1 de abril el Consell ya autorizó a la Abogacía de la Generalitat a iniciar los trámites para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley y solicitar al Consell Jurídic Consultiu la emisión del preceptivo dictamen.
El gobierno valenciano insiste en sus argumentos de que los servicios sociales valencianos no tienen capacidad, en estos momentos, para dar una acogida “digna” para los menores migrantes.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, detalla los razonamientos jurídicos del recurso de la Generalitat.
Además, el acuerdo del Consell también considera que el Real Decreto-Ley conculca los principios de cooperación, colaboración, coordinación y lealtad Constitucional.
