Una situación que desde la Asociación Àmbit, responsable del informe que este lunes se ha presentado, supone una vulneración de los derechos sanitarios. Según Javier Vilalta coordinador del informe y director de Àmbit se está causando un daño a este tipo depoblación y especialmente a aquellos con problemas de salud mental.
Entre sus doce propuestas insisten en que la Generalitat solicite las competencias sanitarias penitenciarias tal y como están obligados desde 2004; que haya una mayor coordinación entre administraciones para la atención de dichas personas y que se abran mini residencias para personas inimputables con diversidad funcional o problemas de salud mental.
