Defiende una condena "ejemplarizante" de los procesados

La Coordinadora de ONGDs rechaza un pacto con los acusados del Caso Blasco

La Coordinadora Valenciana de ONGDs considera prácticamente imposible llegar a un acuerdo con los acusados, que impida la celebración del juicio por dos de las piezas del Caso Blasco. La coordinadora ha convocado el próximo lunes una concentración ante la Ciudad de la Justicia de València, coincidiendo con el inicio de la vista.

ondacero.es

València | 10.04.2019 13:00

El portavoz y el abogado de la Coordinadora Valenciana de ONGDs
El portavoz y el abogado de la Coordinadora Valenciana de ONGDs | Onda Cero

En el juicio están acusados el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, junto con otros 22 procesados, acusados de malversar fondos de la Generalitat para proyectos de cooperación internacional. Ambos fueron ya condenados a penas de seis años de prisión en el juicio de la primera de las piezas, por desviar casi dos millones de euros en subvenciones para proyectos en Nicaragua.

Ahora se van a juzgar las piezas dos y tres, que corresponden a otras subvenciones para cooperación, y al fraude en la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en 2010, por un valor total que supera los cuatro millones. Las acusaciones creen que Blasco y Tauroni crearon una falsa fundación y un entramado de empresas para quedarse con todo este dinero

El portavoz de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, Carlos Xavier López, ha dicho hoy que considera muy difícil llegar a un acuerdo con los acusados que evite la celebración de un juicio que consideran moralmente necesario. Sólo aceptarían un pacto que garantizara la devolución de la mayor parte del dinero defraudado, algo que dudan que pueda ocurrir porque los procesados tienen casi todos sus bienes embargados:

Además de la coordinadora -que ejercerá la acusación popular, la fiscalía y la Generalitat solicitan para Rafael Blasco y César Augusto Tauroni penas que oscilan entre los 16 y los 22 años de prisión, respectivamente por delitos como pertenencia a grupo criminal, malversación, prevaricación, blanqueo o fraude en subvenciones. También están procesados dos exaltos cargos de la extinta conselleria de Cooperación, Josep Maria Felip y Marc Llinares, y otras veinte personas.