El ayuntamiento de València puso en marcha este banco de tierras en mayo de 2018 como herramienta para tratar de evitar el abandono de campos de cultivo. Funciona como un registro público que facilita el contacto entre propietarios de parcelas que, por la razón que sea, no pueden seguir cultivándolas, con personas interesadas en mantenerlas en producción. El consistorio ejerce una labor de mediación y asesoramiento en el arriendo de los campos.
Lo cierto es que este instrumento tuvo un inicio prometedor, porque unos meses después de su creación logró que se alquilara una parcela de la Partida de Dalt de Campanar que su dueño no podía seguir cultivando. Pero la iniciativa languidece ahora. Como decimos, apenas ofrece las otras tres parcelas que contenía casi desde su inicio: dos de ellas están junto a la avenida Antonio Ferrandis y la otra en la pedanía de Castellar.
El Ayuntamiento anunció que aportaría al banco tierras de su propiedad susceptibles de ser cultivadas, pero hasta ahora no ha incorporado ninguna. De hecho, tres años después la página web del Consell Agrari Municipal –encargado de la gestión del banco- continúa señalando que el consistorio sigue en proceso de identificación de tierras municipales disponibles.
El gobierno de Ribó también dijo que negociaba con la Generalitat la introducción en el banco de varios solares de la zona de Sociópolis propiedad del gobierno autonómico, y anunció que se iba a dirigir a grandes propietarios de suelo -como la SAREB, bancos o inmobiliarias- para que inscribieran parcelas que no está previsto urbanizar a corto plazo. Además, el pasado mes noviembre el Ayuntamiento amenazó con empezar a multar con hasta 300 euros a los propietarios de cultivos abandonados, para fomentar así el uso del banco de tierras “como alternativa perfecta para seguir cultivándolas”. Pero parece que ninguna de estas estrategias está dando resultado.
