A pesar de ese leve descenso el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, considera que el resultado ha sido "excepcional" teniendo en cuenta que la pandemia obligó a paralizar las inspecciones durante varios meses. El edil asegura que al Ayuntamiento le sale muy a cuenta invertir en mejorar la inspección fiscal "porque por cada euro invertido recuperamos ocho". Sanjuán ha añadido que "es muy importante que aquellos que pagan de una manera correcta sus impuestos tengan la seguridad de que aquellas personas que utilizan cualquier tipo de treta para no pagar serán perseguidas y sancionadas". El dinero recaudado gracias a estas inspecciones no ha dejado de crecer desde 2016, de acuerdo con los datos aportados por el concejal.
El impuesto de Plusvalías y el de actividades económicas (IAE) acaparan el mayor volumen de fraude detectado, con 3,5 y 3,2 millones el año pasado, respectivamente. Le sigue con 800.000 euros el impuesto sobre construcciones y obras (ICIO). Borja Sanjuán ha explicado que en el 58 por ciento de los casos investigados en 2020 los inspectores municipales detectaron irregularidades. En el caso del IAE, el hospedaje y las actividades portuarias son las que mayor cantidad de fraude en el pago de impuestos municipales acumularon en 2020, de acuerdo con el cuadro que podemos ver a continuación.
Asuntos pendientes
El concejal de Hacienda, por otro lado, ha recordado que el Ayuntamiento de València ha llegado a un acuerdo con la Dirección General del Catastro para poder empezar a controlar también que todas las propiedades inmobiliarias de la ciudad están pagando lo que toca en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El convenio, que se firmará próximamente, permitirá que el Consistorio ajuste la basa de datos del catastro de la ciudad a la realidad en cuanto al valor, la actividad y tamaño de los inmuebles.
Para lo que no hay solución todavía es para poder cobrar el IBI a los bienes que la Iglesia destina a fines lucrativos, como hospitales o centros docentes. Sanjuán ha reconocido que el Ayuntamiento sigue esperando a la necesaria reforma de la ley estatal de mecenazgo que debe aprobar el Gobierno de España. De igual manera, todavía no se ha sustanciado el cambio legislativo imprescindible para que los ayuntamientos puedan recuperar los ingresos que perdieron por el impuesto de plusvalías a causa de la fuerte bajaba en el precio de las viviendas registrado estos últimos años. En 2018 la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para devolver ese dinero, pero Borja Sanjuán ha reconocido que también este asunto está pendiente de un cambio legislativo. Ese mismo año el Ayuntamiento de València cifró en unos seis millones de euros el dinero que el Estado debería devolverle por este concepto, y es muy posible que la cantidad haya aumentado desde entonces.
