El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Benidorm para frenar el pago de la indemnización por los terrenos de Serra Gelada, al considerar que no tiene relevancia constitucional suficiente. El conflicto se remonta a la declaración de Serra Gelada como Parque Natural, una decisión que impidió urbanizar unos terrenos que antes eran edificables. Los propietarios reclamaron una compensación y los tribunales acabaron reconociendo una indemnización de 238 millones de euros, que con intereses podría llegar a los 350 millones.
El PSOE exige la dimisión de Toni Pérez por llevar a Benidorm a la quiebra por sus decisiones sobre Serra Gelada. Los socialistas denuncian que el alcalde es el responsable directo de una sentencia que asciende a 350 millones de euros y que genera 47.500 euros diarios en intereses de demora. Según los cálculos del PSOE, la sentencia de Serra Gelada supone una carga de aproximadamente 5.000 euros por cada habitante de Benidorm.
La portavoz ha insistido en que ni el alcalde ni su equipo están capacitados para sacar a la ciudad de esta encrucijada, recordando el precedente de 2009 cuando entró a gobernar el PSOE tras la moción de censura. Para los socialistas, la solución pasa por un cambio radical en la estrategia política. En primer lugar, han exigido que se reconduzcan las relaciones con la familia Puchades desde el respeto y la negociación técnica y asimismo, los socialistas han instado al alcalde a iniciar de inmediato contactos con el Ministerio de Hacienda por si tenemos que acudir al Fondo de Ordenación. Por último, el grupo municipal socialista ha solicitado, una vez más, que sean los técnicos municipales quienes expliquen detalladamente la situación y los informes jurídicos a todos los grupos de la corporación en el seno de las Comisiones Informativas y no solo en Junta de Portavoces.
