El programa preveía la construcción de más de 1.200 viviendas, de las cuales el 50% son de protección pública. Pero fue anulada por incumplimiento de plazos y demandas vecinales.
La urbanización alcanzó un 20% hasta febrero de 2025, pero la sentencia del TSJCV confirmó su caducidad, obligando a replantear todo el proyecto.
Se prevé un periodo de 6 meses para completar la liquidación y preparar la nueva programación urbanística.
