El Tribunal Supremo ha ratificado la condena del Tribunal Superior de Justicia contra el Ayuntamiento de Benidorm por el que le obliga a pagar más de 330 millones a dos mercantiles por sus propiedades en el parque natural de Serra Gelada. Una providencia, registrada hoy según ha indicado el alcalde, Toni Pérez, rechaza el recurso presentado por el Consistorio a esa resolución que impone una indemnización millonaria, que equivale a la cantidad de dos presupuestos y medio íntegros municipales.
La resolución da la razón a alas mercantiles Puchades, que llevan 20 años esperando ser compensadas por no construir en terrenos que en 2005 fueron declarados Parque Natural. Antes de ello, el entonces alcalde popular Vicente Pérez Devesa, firmó un convenio para compensarles en parcelas urbanizables o dinero, pero no se produjo tal compensación.
En 2010 los propietarios volvieron a pedirlo, y ese año, y en 2013, el entonces alcalde socialista Agustín Navarro renovó los convenios, si bien el parque natural ya había sido declarado como tal por la Generalitat.
Son esas circunstancias particulares sobre las que se fundamentan los diferentes procesos abiertos. Cinco según ha detallado el alcalde de Benidorm, en los que han ganado dos, pero han perdido este, y hay otros por resolver.
El abogado de las mercantiles, José Domingo (de Domingo Monforte Abogados) a explicado a Onda Cero que la familia sigue dispuesta a sentarse para ser flexible en la ejecución de la sentencia, es decir, para negociar, algo que sigue descartando el alcalde porque afirma que sus técnicos le han confirmado que eso sería ilegal y que habiendo otros procesos sobre el mismo asunto sin resolver, a día de hoy no es el momento de negociar nada.
El PSOE ha pedido la dimisión del alcalde, recordando que todo se origina en 2003 con aquel convenio, bajo un gobierno en el que Pérez también estaba, y le reprochan haber llevado al ayuntamiento de Benidorm a una situación de bancarrota.
Por su parte el alcalde, ha afirmado que su postura no ha cambiado desde hace más de una década, que nunca apoyó la renovación del convenio aprobada por los socialistas, y que las cuentas de Benidorm bajo su gestión están saneadas por lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad y seguridad ante la providencia del Supremo, que los servicios jurídicos y financieros seguirán estudiando los próximos días.
