La portavoz de la Junta de Gobierno Local, Patricia Maciá, ha argumentado que presentar un recurso contra la sentencia judicial podría incrementar el coste del conflicto al asumirse más gastos judiciales y exponiendo al ayuntamiento a poder ser condenado en costas.
El PP argumentó en 2011 que ese convenio tenía para las arcas municipales un coste de unos 3 millones de euros, que era inviable afrontar como consecuencia de la situación financiera que arrastraban las arcas municipales como consecuencia de la crisis económica. El equipo de gobierno en la pasada legislatura también negó a los herederos de Miguel Hernández la devolución del material del legado digitalizado por el ayuntamiento en virtud del convenio suscritos años atrás.
En una sentencia comunicada recientemente, el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Elche ha estimando parcialmente las peticiones de los herederos del poeta de Orihuela. Éstos reclamaban una indemnización de 1’6 millones de euros y la reposición de la totalidad del material digitalizado, si bien el tribunal ha reducido la indemnización económica hasta los 118.000 euros y la obligado la devolución de las digitalizaciones realizadas.
Maciá ha arremetido contra la forma de gobernar que tuvo el PP en la pasada legislatura en Elche, personalizando las críticas en la figura de la ex alcaldesa Mercedes Alonso, a quien ha acusado de llevar a cabo una política “desde el rencor” y “los caprichos personales”.
El PP ha calificado como "una irresponsabilidad política" la decisión de no recurrir la resolucion judicial.
