Si la Justicia no evita con medidas cautelares la entrada en vigor del plan de cuenca del Tajo aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes, el Camp d’Elx va a ver recortado este año 2023 en unos seis hectómetros cúbicos el agua que recibe para regadío del trasvase Tajo-Segura.
Y esa situación, en virtud de las conclusiones de un estudio de la Universidad de Alicante (UA) sobre los efectos económicos de un recorte en el trasvase, lleva la incertidumbre a más de medio millar de trabajadores del sector primario.
Ese informe de la UA cifró la pérdida de puestos de trabajo en 86 por cada hectómetro cúbico de agua que deje de llegar.
En el conjunto de las provincias de Alicante y Almería, así como de la Región de Murcia, el recorte en el trasvase para este año se sitúa en 31,5 hectómetros cúbicos de agua, de modo que, en función del estudio aniversario, pueden estar en riesgo a corto plazo más de 2700 empleos directos en el sector agrícola de las tres zonas geográficas del levante española.
Las estimaciones sobre esos efectos en el empleo de los recortes en el trasvase se pueden ver incrementadas si, como ha ocurrido en los últimos meses, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue mermando el caudal a trasvasar autorizando transferencias hídricas por debajo de los 20 hectómetros cúbicos mensuales.
Subvención de la Generalitat al agua desalada
El agua que va a dejar de aportar el trasvase Tajo-Segura, tendrá que ser obtenido de la desalación. Y en este sentido, el Camp d’Elx particularmente tiene un problema que es que carece de la conducción hídrica, la tubería, necesaria para acceder al agua de la desaladora de Torrevieja. Tiene conexión con la planta desaladora de Rincón de León, pero de ella sólo puede acceder a sobrantes, que suponen una cantidad inferior a los seis hectómetros cúbicos de agua que se recortan del trasvase.
Además, como ocurre en general con todas las zonas que se nutren del agua para regadío del trasvase, el alto precio del agua desalada dificulta sobremanera que pueda ser accesible para los agricultores.
En este sentido, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha realizado esta mañana un anuncio: el gobierno valenciano va a aportar una subvención de 10 céntimos a cada metro cúbico de agua desalada, situando el precio en 24 céntimos.
Además, el presidente del Gobierno valenciano ha avanzado que se va a solicitar la constitución “inmediata” de la Comisión de Seguimiento de las obras que en materia hídrica se ha comprometido a ejecutar el Ministerio para la Transición Ecológica en la cuenca del río Segura.
Puig ha insistido que el Consell “seguirá ayudando a los regantes” poque, según ha afirmado, el objetivo final es conseguir crear las condiciones que garanticen el agua “para siempre”.
Contencioso administrativo de la Diputación de Alicante
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), ha confirmado que ha pedido a sus servicios jurídicos la interposición de de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el plan hidrológico del Tajo que ha aprobado el Consejo de Ministros.
Además, se va a convocar la Mesa del Agua para este próximo lunes.
El contencioso anunciado por el presidente de la Diputación de Alicante se suma al que también va a plantear el gobierno de la región de Murcia, presidido también por el PP, y al que por su parte van a presentar los regantes.
