Una investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) del Cuerpo Nacional de la Policía de Elche ha logrado interceptar un clan familiar de étnica gitana que hacían de prestamistas y no dudaban en extorsionar con violencia e intimidación a través de armas de fuego para cobras las deudas que reclamaban y forzar el silencia de las víctimas.
Las pesquisas han logrado esclarecer cinco presuntos delitos de extorsión a través de los que se estima que los arrestados habrían podido obtener más de 250.000 euros de beneficios.
El clan estaba afincado en el municipio de Benejúzar, donde el pasado mes de octubre se practicaron las detenciones de tres personas, de nacionalidad española y con edades entre 32 y 48 años, según ha informado este viernes la Policía Nacional.
La investigación comenzó tras recibir la Policía Nacional una denuncia en la que se daba cuenta de una posible extorsión a un exempresario que había sufrido extorsión durante dos años mediante amenazas con armas de fuego y agresiones para cobrar una deuda de 65.000 euros.
A raíz de la denuncia recibida y tras investigaciones posteriores, los investigadores ha podido localizar a cuatro víctimas más, también empresarios a los que la organización desarticulada había extorsionado de manera similar, con amenazas y agresiones reclamándoles más de 150.000 euros.
Fruto de las amenazas y agresiones, ninguna de las víctimas había denunciado los hechos y terminaban pagando sus deudas e intereses que les eran impuestos.
Los agentes realizaron varios registros domiciliarios localizando en el domicilio del jefe del clan en el interior de una caja fuerte una pistola Beretta 9mm con su cargador y más de cien cartuchos, una escopeta del calibre 12/70 también de la marca Beretta con más de 40 cartuchos y diversas armas blancas, siendo todas ellas reconocidas por las víctimas como las utilizadas para amenazarlos.
La investigación continúa abierta y los investigadores no descartan que a los arrestados se les impute nuevos hechos delictivos
Modus operandi
En lo que respecta al modus operandi, consistía en captar a una persona, preferiblemente empresario, prestándole una cantidad de dinero para lo que se establecían unas condiciones abusivas y unos intereses de demora totalmente desorbitados, motivo por el que las víctimas no podrían hacer frente a los pagos demandados. Una vez las víctimas se retrasaban en los pagos los extorsionadores las amenazaban con todo tipo de armas, llegando incluso a emplear armas de fuego, no dudando tampoco en emplear la violencia llegado el caso.
