El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, formado por PSOE y Compromís per Elx, ha valorado este martes positivamente el dictamen en torno al expediente de rescisión del contrato para la construcción de un nuevo Mercado Central que ha emitido el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que ha avalado la postura del ejecutivo municipal de rescindir el contrato suscrito en 2015 por el entonces gobierno local presidido por el PP.
El actual ejecutivo ha basado la decisión de romper el contrato con la empresa concesionaria del proyecto, Aparcisa, en que de ejecutarse dañaría el interés general al suponer un riesgo para la declaración como Patrimonio de la Humanidad del Misteri d’Elx.
Por ello, tras negociaciones infructuosas con la mercantil adjudicataria del proyecto, se optó por iniciar de manera unilateral el expediente de resolución de ese contrato.
El asunto acabará probablemente en los juzgados para dirimir la indemnización que le corresponde a la empresa pero, de momento, el equipo de gobierno ha encontrado un aval a su decisión en el dictamen del Consell Juridic Consultiu, que no obstante no es vinculante.
El alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), ha destacado que el informe emitido por el órgano jurídico recoge “argumentos contundentes y claros que vienen a dar la razón al Ayuntamiento en nuestra pretensión de rescindir el contrato del Mercado Central”. Ha añadido que “las modificaciones que habrían que realizar para compatibilizar la protección patrimonial con la ejecución del proyecto exceden con creces las previsiones máximas establecidas por la ley”.
Según ha subrayado González, el informe expone que “en modo alguno puede calificarse la decisión de resolver el contrato como una decisión discrecional, unilateral o injustificada, al traer causa de razones de interés público sobradamente contrastadas; frente a lo que se ha dicho desde diversos sectores, es evidente que ha sido una decisión fundada absolutamente necesaria en defensa del interés público”.
Asimismo, otro de los argumentos que pone sobre la mesa el dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana es que “resulta acreditado que la continuidad de la ejecución del proyecto supone la posibilidad cierta de que se produciría una lesión grave al interés público; es decir, el Consell Juridic dice que de haber continuado con la ejecución del contrato en los términos iniciales hubiera producido ‘de forma cierta’ una lesión grave al interés público”.
Po su parte, Esther Díez, portavoz Compromís per Elx, ha defendido que el Consell Jurídic establece que “la irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento hubiera sido permitir que el contrato siguiera adelante” y ha afirmado que “el dictamen lo que dice es que el planteamiento del Ayuntamiento era correcto y apunta que, desde luego, el patrimonio está por encima del contrato, argumentando literalmente que es evidente la afectación del contrato desde el punto de vista patrimonial y que proteger ese patrimonio supone unos cambios en el proyecto que hacen inviable el contrato”.
