Rapapolvo del Defensor del Pueblo valenciano al Consell

El Síndic urge a Educación las obras en el colegio La Paz de Torrellano de Elche para garantizar la calidad educativa

Insiste en que los poderes públicos deben garantizar el derecho fundamental a la educación y el de la integridad física recogidos en la Constitución española

David Alberola García | Onda Cero Elche

Elche | 13.05.2019 16:00 (Publicado 13.05.2019 15:59)

Concentración de madres y padres de alumnos del colegio público La Paz de Torrellano
Concentración de madres y padres de alumnos del colegio público La Paz de Torrellano | Onda Cero Elche

El Síndic de Greuges José Cholbi ha reclamado a la Conselleria de Educación “que se agilicen al máximo” los trámites “que resten para concluir el expediente o los expedientes administrativos de contratación” de las obras de ampliación del colegio La Paz de Torrellano, pedanía de Elche.

En su resolución, el Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana, requiere “que se proporcione información detallada, con una periodicidad bimensual” a la comunidad educativa en torno a la situación en la que va avanzado la tramitación del proyecto y que, con carácter cuatrimestral, se ofrezca información al propio Sindic “del desarrollo en la ejecución del proyecto”.

El Síndic de Greuige ha emitido la resolución tras abrir de oficio un expediente y recibir la documentación solicitada a la propia conselleria sobre la situación generada con el proyecto de ampliación del centro, que es el que ha de acabar con los barracones que desde más de una década mantiene el centro escolar.

El Síndic de Greuges recalca en su resolución a la Conselleria de Educación que “la finalidad de proporcionar a los alumnos una formación de calidad difícilmente podrá alcanzarse si el centro docente donde debe de impartirse no cuenta con los medios materiales necesarios para satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos”, tal y como, añade la resolución, “parece desprenderse” en el caso del colegio La Paz de Torrellano tras el análisis de la documentación que obra en el expediente.

El Síndic concluye que los poderes públicos deben “dar respuesta” a la comunidad educativa para garantizar tanto el derecho fundamental a la educación como a la integridad física recogidos en la Constitución española, así como el de la protección a la infancia y la adolescencia.