El presidente de los regantes del Tajo-Segura lamenta la “indefinición” de la política del Ministerio de Transición Ecológica

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha lamentado este jueves en Elche la “indefinición”, ha dicho, de la política en materia hídrica que está llevando a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica. Ha reiterado que el pasado mes de noviembre el trasvase se cerró por una cuestión “política”, alejada de cualquier argumento técnico coherente.

Jiménez ha defendido que el regadío requiere que “no se juegue” con los niveles de almacenamiento de agua en la cabera del Tajo y ha incidido en que para evitarlo se consensuó el Memorándum del trasvase, al que además se dotó de rango de Ley.

La política “confusa” del Gobierno central, ha añadido, está “desvirtuando” lo recogido en ese Memorándum.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha confiado que en enero se reunirán las condiciones para que obligatoriamente se autorice un trasvase de 38 hectómetros cúbicos de agua, como va a ocurrir ese mes. El problema puede volver en febrero.

Desalobradora de Riegos de Levante

Lucas Jiménez ha realizado estas declaraciones en la sede de la Comunidad General de Riegos de Levante hasta donde se ha desplazado para ofrecer su apoyo expreso a la construcción de una desalobradora en el parque natural de El Hondo a partir de la que la que se quiere garantizar la disponibilidad de al menos el 50% del total de recursos hídricos que necesitan anualmente los comuneros de la entidad.

Se trata de un proyecto que cinco de las nueve comunidades de base de Riegos de Levante han recurrido en alzada ante la Confederación Hidrográfica del Segura, no por estar en contra del mismo, sino por considerar que la iniciativa cuyo proceso de licitación ha acordado la Asamblea General de Riegos de Levante carece de aspectos como la procedencia del agua a desalar o el destino que se le dará a los vertidos de la planta desalobradora.

Las cinco comunidades de base que han firmado el recurso de alzada no tiene la mayoría en la Asamblea General de la entidad, que es el órgano competente para aprobar e impulsar el proyecto.

El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha acusado a esas comunidades de regantes de intentar “bloquear” el proyecto y “poner palos en las ruedas” del mismo, mientras que desde las entidades que se han dirigido a la Confederación Hidrográfica del Segura, Ángel Urbina, presidente de una de ellas, ha negado esa circunstancia, explicando que lo que se ha pedido es que la parte competente para dar los permisos necesarios para ejecutar el proyecto aclare si lo que se cuenta con toda la documentación necersaria para adjudicar la iniciativa.