La licitación de la contrata de limpieza de Elche acaba en el Tribunal Central de Recursos Contractuales
Distintos colectivos piden su anulación por entender que el pliego que rige la desoye la normativa vigente en gestión de residuos
Elche |
La licitación de la nueva contrata de basuras que ha impulsado el equipo de gobierno, ha acabado en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, organismo al que se ha dirigido un grupo formado por empresas, grupos ecologistas y colectivos sociales reclamando la anulación del pliego.
Los recurrentes consideran que el proceso de licitación se tiene que suspender cautelarmente y denuncian que el pliego que rige la licitación podría incumplir “varios apartados de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, así como que no se ciñe a la legislación vigente en materia de gestión de residuos.
El recurso ha sido firmados por empresas y colectivos entre los que se encuentran la ADR Camp d’Elx, Ágroa d’Elx, Alonis, Des de Baix y Margalló Ecolgistes en Acció, entre otros.
En el recurso interpuesto también se critica la no división en lotes de contrato, que impide la participación en el concurso de adjudicación a pequeñas y medianas empresas y a entidades de economía social.
Desde el Ayuntamiento han señalado que remitirán una copia del expediente de contratación al Tribunal Central de Recursos Contractuales.
Han asegurado que estos recursos son habituales en expedientes de contratación de este tipo y que el Tribunal no ha solicitado su paralización, por lo que el procedimiento continúa.
Contrato de más de 28 millones de euros anuales
Destacar que el precio de salida de la licitación es de 28,5 millones, de los que 19,9 corresponden a la limpieza y 8,6 a la recogida de basuras.
El contrato tendrá una duración de 10 años, sin posibilidad de prórroga. El valor actual de la contrata es de 22 millones de euros.
Entre las medidas destacan la implantación del quinto contenedor para la recogida orgánica, la recuperación del barrido los siete días de la semana y la renovación total de toda la maquinaria.
También se prevé la puesta en marcha de una brigada rural para la recogida de vertidos ilegales en el campo, así como la digitalización de la prestación del servicio.