El juicio de la primera pieza del ‘caso Brugal’ arranca con la petición de las defensas de la nulidad de las escuchas telefónicas

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, acoge desde este martes el juicio por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela, origen de la conocida como ‘Operación Brugal’.

Está previsto que la vista se prolongue hasta finales de año. Ha arrancado con las cuestiones previas y como era previsible entre ellas se ha presentado la solicitud de algunas de las defensas para anular las intervenciones telefónicas de la policía con autorización judicial.

Esos pinchazos telefónicos dieron pie a la veintena de ramas del 'caso Brugal' y lo que decida la sala de Elche de la Audiencia Provincial en torno a su validez no será, en principio, vinculante para el resto de piezas separadas, entre ellas la relativa a las ilegalidades en el plan zonal de residuos de la Vega Baja y del Plan General de Urbanismo de la ciudad de Alicante.

Ha sido el letrado del empresario Ángel Fenoll, que además defiende a uno de los empresarios encausados, el que tomando la palabra en primer lugar ha considerado “nulas de pleno Derecho”, ha dicho, esas escuchas telefónicas. Ha considerado que el proceso está "viciado de nulidad" y ha afirmado que se cayó en "rastreos preventivos" que no están amparados por la Ley puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir.

Una vista oral con 34 acusados

Desde este martes están sentadas en el banquillo de los acusados 34 personas, que por sí mismos copan la mayoría del espacio disponible en la Sala de Vistas número 10 de la Ciudad de la Justicia de Elche, en la que tiene lugar el juicio.

Está previsto que la discusión en torno a las cuestiones previas se prorrogue durante las jornadas de mañana y el jueves, de modo que el Fiscal contestará a las mismas la próxima semana.

Dentro de dos semanas será el turno de la acusación particular, en concreto el Ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones de los acusados comenzarán comienzo el 7 de mayo.

Entre los encausados se encuentra el industrial oriolano Ángel Fenoll, que fue quien destapó el caso, y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, así como siete exediles de la corporación municipal oriolana.

Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para su sucesora Lorente 8 por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.