La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha calificado de “ocurrencia” la idea que contempla Junts de que las empresas que trasladaron su sede de Catalunya por el 'procés' puedan ser sancionadas si no vuelven a esta comunidad. También que las que lo hagan se puedan beneficiar de beneficios fiscales.
Preguntada Merino por si empresas como Caixabank o Banco Sabadell podrían irse de la Comunitat, ha dicho que de momento no tienen constancia de ningún movimiento.
Merino ha defendido que las empresas "tienen libertad para instalarse donde quieran" y que la exigencia de Junts "no tiene recorrido", a la par que ha criticado que "de forma egoísta", el partido de Carles Puigdemont "rompe la igualdad entre españoles como hace con la financiación".
Merino ha asegurado que el Consell trabaja "desde el primer día para que las empresas vengan a la Comunitat y no se quieran ir, no solo a Cataluña", y ha indicado que les ponen "alfombra roja" y les "abren las puertas".
"Estamos poniendo las condiciones, no sólo fiscalmente sino en trámites burocráticos para que las empresas en general, y las que quisieran volver a Cataluña, se quieran quedar en la Comunitat Valenciana", ha añadido. Ha sostenido que tienen "el firme compromiso de que la Comunitat sea cada día más atractiva".
Reacciones
Sobre este asunto, los socialistas defienden el escenario de estabilidad que generó en la Comunitat el anterior gobierno del Botànic. El expresident y secretario general del PSPV, Ximo Puig, pide ahora que se preserve.
Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, no ve bien sancionar a las empresas pero pide no olvidar el motivo de su salida de Catalunya.
