La flota pesquera española ha amarrado sus embarcaciones como medida de protesta ante la implantación de nuevas obligaciones derivadas del Reglamento de Control de la Unión Europea, unas exigencias que el sector considera innecesarias y de imposible cumplimiento. En el caso de la provincia de Castellón, la normativa afecta a más de 120 embarcaciones de pesca de bajura.
De mantenerse estas medidas, advierten desde las cofradías, podrían derivar en cuantiosas sanciones para un sector que ya afronta un futuro complicado. Entre las principales modificaciones rechazadas se encuentran la obligación de comunicar con cuatro horas de antelación la entrada a puerto y la de anotar todas las capturas realizadas.
Las cofradías de pescadores de Castellón subrayan que estas exigencias no se ajustan a la realidad de la flota de bajura, cuyas embarcaciones salen y regresan a puerto diariamente, con jornadas de trabajo inferiores a doce horas. En este contexto, consideran innecesario el preaviso de llegada, ya que antes de salir a faenar se conoce con exactitud la hora de regreso a puerto.
Además, el hecho de tener que facilitar datos precisos con cuatro horas de antelación rompe el desarrollo normal de la actividad pesquera, teniendo en cuenta que, tras el último lance, el tiempo de vuelta al puerto es, en el mejor de los casos, inferior a media hora, por lo que consideran que no procede dicha declaración previa.
En cuanto a la obligación de anotar con exactitud todas las capturas, el sector asegura que resulta inviable al no disponer a bordo de los medios técnicos ni del personal suficiente, con independencia de las condiciones propias de la navegación. La necesidad de realizar un pesaje preciso durante la faena supone, además, un riesgo para la seguridad a bordo, al obligar a destinar tiempo y atención a una tarea innecesaria, cuando toda la pesca se desembarca y se pesa posteriormente en las lonjas, tal y como establece la normativa vigente.
Las lonjas, gestionadas por las propias cofradías de pescadores y con carácter de corporaciones de derecho público, ya garantizan el control y pesaje de las capturas. Por ello, el sector defiende que se mantenga el sistema anterior, que solo obligaba a declarar aquellas especies cuya captura superara los 50 kilos.
Con las movilizaciones convocadas, las cofradías reclaman que la Secretaría General de Pesca atienda unas peticiones que consideran justas y necesarias. En caso contrario, advierten de que la implantación de estas medidas tendría únicamente una finalidad recaudatoria.
