POLÍTICA

Macián: “El fallo es rotundo: no hay responsabilidad penal en la gestión de las fiestas”

El informe jurídico que encargó el Ayuntamiento de Castellón sobre la Comisión de Investigación de la Junta de Fiestas, concluye que existieron irregularidades durante la gestión de las Fiestas de la Magdalena pero afirma que no se puede determinar si pueden considerarse delito.

ondacero.es

Castellón | 25.09.2018 15:50

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián.
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián. | ondacero.es

Y no se puede determinar, de momento, porque falta documentación que lo acredite.

La Comisión de Investigación de la Junta de Fiestas de Castellón se inició en noviembre de 2016 a petición de Castelló en Moviment, con el objetivo de determinar si hubo irregularidades en la gestión de las Fiestas del 2008 al 2015, durante la etapa de Jesús López al frente de la Junta.

Por su parte, los populares de Castellón insisten en que el fallo es rotundo y no hay responsabilidad penal en la gestión de las fiestas.

Para el portavoz popular adjunto, Juanjo Pérez Macián, este fallo ha supuesto un duro revés para quienes por todos los medios, y desde el primer momento acusaron de fraude a las asociaciones y criminalizaron el trabajo de los colectivos festeros.

“La Comisión de Investigación ha resultado ser una pérdida de tiempo y de dinero, de 2 años y muchos miles de euros, tiempo en el que se ha tenido bajo el punto de mira a todos los integrantes del Món de la Festa, a quienes se les ha llamado a comparecer y a declarar en un juicio político, como si fueran delincuentes cuando lo único que han hecho es trabajar para que la ciudad contara con las mejores fiestas cada año. Una persecución constante que ha ensuciado la imagen de las fiestas y de quienes las han hecho posibles, para acabar sin haber encontrado indicios penales”, argumenta Macián.

El dictamen incide en que falta de soporte documental en el periodo de tiempo investigado, de 2008 a 2015, lo que impide determinar hipotéticos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales o falsedad.