La Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha anunciado que presentará alegaciones contra el procedimiento que marca el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de Xilxes.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, acompañado por el alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha mostrado su desacuerdo con la actuación del Ministerio de Transición Ecológica, que “sigue revisando los deslindes en nuestra costa a lo largo de más de 60 kilómetros”. García Manzana ha señalado que resulta “muy triste que se actúe así, en lugar de realizar las obras de regeneración que necesita la costa”.
El responsable autonómico ha subrayado que la Generalitat se ha opuesto desde un principio a estos deslindes en la Comunitat Valenciana y que trabaja para desplegar todas sus competencias conforme a la nueva Ley de la Costa, con el objetivo de ofrecer a los ayuntamientos herramientas que les permitan afrontar estos procedimientos, especialmente en núcleos de valor patrimonial costero.
García Manzana ha asegurado que “el Gobierno central solo tira hacia atrás la línea roja del dominio público marítimo-terrestre”, lo que genera “nuevas afecciones a propietarios, que verán muy limitados sus derechos de propiedad al encontrarse en la servidumbre de tránsito o de protección”.
El director general ha señalado también que “se ha comprobado una aplicación indebida de la ley y, de insistir en practicar el deslinde, este debería reiniciarse aplicando el reglamento anterior a una modificación declarada nula por el Tribunal Supremo”.
El deslinde afectaría a tres infraestructuras concretas: un chalet que perdería medio jardín, una parcela sin construcciones y un camping, que se quedaría sin piscina, sin restaurante y perdería algunas casetas.
Tanto García Manzana como el alcalde de Xilxes han coincidido en agotar todas las vías posibles para frenar el procedimiento, calificándolo de “golpe de fuerza” por parte del Gobierno central, y no han descartado interponer un recurso contencioso-administrativo.
