Dos directivos del proyecto Castor serán juzgados por delito medioambiental. Se trata del presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y el consejero delegado de la misma empresa, José Luis Martínez Dalmau. Ambos han sido procesados en esta causa por seguir con la inyección de gas en el almacén "pese a ser advertidos del riesgo sísmico de la zona".
De esta forma, el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs ha dictado un procedimiento abreviado contra ellos porque, según el juez instructor, "eran conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear en las costas castellonenses". Y es que Castor provocó cientos de terremotos que superaron los 4 puntos en la escala de Richter. Tal y como recoge el auto, "hoy en día continúa el gas almacenado sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad y sin que perjudique a los vecinos de la zona".
Por cierto que el juez ha decidido archivar las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado.
REACCIONES DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS
La Plataforma de Afectados por Castor celebra la decisión del juez y celebra también que se depuren responsabilidades. Eso sí, lamenta que "esta situación se hubiese podido evitar" ya que ellos, en su momento, ya advirtieron de que "esto podía pasar", según ha explicado a Onda Cero el presidente de la entidad, Joan Ferrando.
Ferrando recuerda que "desde entonces en esas localidades de la provincia, están en zona de riesgo sísmico".