La red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de la Comunitat Valenciana atendió en sus cinco años de funcionamiento a un total de 89.430 personas, de las que a 64.682 se les abrió un expediente de ayuda integral mientras el resto descartaron seguir con el proceso. Entre los expedientes abiertos, el 53% eran mujeres víctimas de violencia de género y el 5% menores de edad.
Así lo ha desgranado la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, en rueda de prensa de balance de estas oficinas que abrieron en 2018 y que son pioneras en el conjunto de las comunidades autónomas. Actualmente hay un total de 87 oficinas, una por cada partido judicial junto a la de Utiel (Valencia), con 183 profesionales multidisciplinares.
Por provincias, Valencia encabeza el número de víctimas atendidas (28.851), seguida de Alicante (25.988) y Castellón (9.843). El 86% del total de víctimas atendidas estos cinco años son mujeres (55.450) y la mayoría tienen un rango de 31 a 50 años y estudios primarios o medios. Casi la mitad (42,9%) estaban en una situación económica baja o precaria, mientras hubo 950 víctimas en las que la discapacidad se contabilizó como factor de vulnerabilidad.
Las víctimas de violencia de género son atendidas por las oficinas durante varios años, con el objetivo de evitar que no retiren la denuncia hasta llegar a juicio. Desde 2018 se realizaron un total de 57.401 intervenciones con estas 34.315 víctimas, lo que para la consellera demuestra que la Comunitat Valenciana es referente en la lucha contra la violencia de género.
Por tipología de delito entre todos los casos atendidos, la violencia de género es el mayoritario (69,26%), muy por delante de la violencia doméstica (9%), contra el patrimonio (4%), contra la familia y menores (3%) o contra la libertad sexual (3%). Llama la atención la subida de las víctimas atendidas por delitos contra la libertad sexual, de 27 en 2018 a 526 en 2022, aunque la consellera ha remarcado que puede ser porque se denuncian más.
Entre las víctimas menores atendidas, los principales delitos fueron violencia de género (35,1%), violencia doméstica (25,58%) y contra la libertad sexual (23,82%), mientras los relacionados con violencia escolar representaron el 3,17%.
37 VÍCTIMAS DE TRATA Y 24 DE DELITOS DE ODIO
Al margen de estos delitos, las oficinas atendieron estos cinco años a 37 víctimas de trata con fines de explotación sexual, que suelen ser derivadas a recursos más especializados. Hay pocas denuncias de delitos de odio (24), pero van en aumento.
Respecto a la nacionalidad de las víctimas a las que se les abrió expediente, 39.158 son españolas y 15.799 extranjeras. El mayor número de víctimas extranjeras se registró en la provincia de Alicante. Por nacionalidades, las más frecuentes son, en este orden, Rumanía, Marruecos, Francia, Ecuador y Colombia.
Aunque las oficinas atienden a víctimas de cualquier delito, la violencia contra las mujeres fue abrumadoramente mayoritaria estos cinco años de servicio. Tras los de violencia de género, que representan más de la mitad, a mucha distancia están los casos de violencia doméstica (4.749 víctimas).
Por edades, el perfil más común de las víctimas de violencia de género corresponde a una mujer de 31 a 40 años, seguido del segmento de 18 a 25, mientras 686 víctimas eran menores de edad.
Paralelamente, las oficinas atendieron desde 2018 a 1.145 víctimas de agresiones sexuales, de las que más de un tercio eran menores y 251 estaban entre 18 y 25 años. Esto supone que el 90% de las víctimas de violencia sexual atendidas eran mujeres y seis de cada diez tenían menos 25 años.
25.000 ACOMPAÑAMIENTOS A JUICIO Y 3.000 TRASLADOS
En general, los profesionales de la red llevaron a cabo un total de 327.211 actuaciones con las víctimas, desde acompañamientos, informes y planes de apoyo psicológico o social hasta la solicitud de medidas de protección. El acompañamiento a juicio se realizó en 24.627 ocasiones desde 2018, mientras hubo más de 3.000 traslados a víctimas de violencia de género desde que este servicio se puso en marcha en mayo de 2021.
En cuanto a las víctimas que acuden una primera vez a las oficinas y desisten seguir con el procedimiento, la consellera ha explicado que lo hacen voluntariamente y que los profesionales deben ser "muy respetuosos" con su decisión. "Muchas desisten de denunciar porque no confían o por miedo", ha lamentado.
El objetivo de estas oficinas es ofrecer asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y atención social a víctimas de delitos, testigos y personas en situación de riesgo como consecuencia de su contacto circunstancial con el delito. Prestan asistencia integral y especializada desde antes de la denuncia y durante todo el procedimiento, incluso después de que acabe. También actúan como punto de coordinación de las órdenes judiciales de protección.
A finales de 2022 se activaron tres equipos itinerantes (uno por provincia) para llegar a los municipios menos poblados, con la intención de que el lugar de residencia no sea un motivo de discriminación de las víctimas. Cada uno está compuesto por tres profesionales de psicología, abogacía y trabajo social.
"Hemos consolidado un servicio público, gratuito y universal que trabaja los 365 días del año para garantizar la atención y la protección de las víctimas", ha resaltado Bravo. La inversión en estas oficinas fue en aumento estos cinco años, al pasar de 3,4 millones de euros en 2018 a 8,4 en 2022.
